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Bruselas investiga al consorcio de armadores del ‘Baltic Max Feeder’

La Comisión teme que el esquema de acuerdos conjuntos para la retirada de buques feeder suponga un aumento de las tarifas.

La Comisión Europea ha decidido iniciar una investigación en profundidad sobre el llamado sistema “Baltic Max Feeder”. Se trata de un esquema de colaboración entre armadores de buques feeder para fijar conjuntamente los costes de retirada de los barcos. La CE investigará si dicho sistema afecta en alguna medida al aumento de las tarifas de transporte

La Comisión Europea ha abierto recientemente un proceso formal de investigación de actividades monopolísticas contra el sistema “Baltic Max Feeder”. Mediante el mencionado esquema los armadores de buques feeder se coordinan para planificar los costes de retirada de sus barcos. La Comisión quiere saber hasta qué punto estas acciones colectivas pueden redundar en la reducción de la capacidad disponible en Europa de buques feeder, lo que a su vez supondría un aumento en las tarifas de charter de dichos barcos.

Los barcos feeder son pequeños portacontenedores que se emplean en el transporte marítimo de corta distancia, y que generalmente son el primer y último eslabón en la cadena del transporte marítimo. El sistema “Baltic Max Feeder” fue desarrollado y promocionado por la empresa alemana especialista en gestión fiscal Anchor Steuerberatungsgesellsshaft, como respuesta al actual exceso de capacidad de barcos portacontenedores feeder, y que a su vez ha causado el derrumbe de las tarifas. La Comisión Europea decidirá si el mencionado sistema contraviene el artículo 101 del Tratado del Funcionamiento de la UE (TFUE).

La apertura de la investigación sobre prácticas contra el libre mercado no significa que la Comisión tenga pruebas definitivas que señalen la existencia de una infracción, y si que el ejecutivo europea conducirá un investigación en profundidad del caso y de forma prioritaria. El tratado no establece un plazo estricto para completar las investigaciones. Su duración depende de un número de factores, incluyendo la complejidad del caso, la cooperación de los implicados con la Comisión Europea, y el ejercicio de sus derechos de defensa.

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