Las autoridades de Competencia de la UE investigan las actividades comerciales de la gran mayoría de los constructores europeos por “presuntas prácticas anticompetitivas”.
Las autoridades de Competencia de la UE y funcionarios de sus respectivos países miembros están llevando a cabo una investigación de las actividades comerciales de la gran mayoría de los fabricantes europeos de camiones, o de algunas de sus subsidiarias, por su presunta implicación en un cártel para la concertación de precios
Aunque el órgano ejecutivo de Bruselas no ha facilitado los nombres de las marcas, Daimler Trucks, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo y algunas de sus subsidiarias (Ferrostaal, Mack, U.D. Trucks), han reconocido que sus oficinas o las de sus subsidiarias habían sido visitadas por los funcionarios de la Comisaría para la Competencia de la Unión Europea, que acudieron acompañados de funcionarios de los respectivos países miembros, también relacionados con la defensa de la competencia.
Las autoridades investigan una posible infracción de las normas comunitarias contra el monopolio y los cárteles por un supuesto intercambio inadecuado de información. Todas las marcas han subrayado que están dispuestas a cooperar con la Comisaría y a facilitar su investigación. En medios oficiales no se ha confirmado, pero la investigación actual podría tener sus precedentes en septiembre del año pasado, cuando los funcionarios de la Oficina británica de Comercio Limpio (OFT) se presentaron en las oficinas de MAN, Mercedes, Scania y Volvo en el Reino Unido y abrieron una investigación a toda regla -criminal y civil- a la mayoría de los fabricantes europeos de camiones presentes en este país por un supuesto caso de manipulación de los precios.
La policía británica detuvo entonces a una persona en las oficinas que Mercedes-Benz tiene en Tongwell, cerca de Milton Keynes, que el diario británico Financial Times identificó como Ian Jones, director gerente de la división de vehículos industriales de Mercedes en la subsidiaria británica de Daimler. La OFT ha quedado con demasiada frecuencia en ridículo ante los ciudadanos británicos, hartos de que las escasas investigaciones emprendidas por este organismo no conduzcan a otra cosa que larguísimos y onerosos procesos judiciales, muchos de los cuales aún se encuentran recurridos.
En medios industriales se señala que, posiblemente, la crisis económica y financiera padecida en los últimos dos años, que provocó una brusca caída de la demanda de camiones, podría haber animado los fabricantes o sus subsidiarias comerciales a establecer acuerdos sobre los precios como única alternativa para sobrevivir, a sabiendas de que podrían tener que afrontar sanciones en caso de ser descubiertos, pero valorando la posibilidad de que éstas pudieran compensarse con los beneficios obtenidos.
En estos procesos, que con frecuencia llevan años, la Comisión europea puede imponer multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios de las compañías condenadas y las personas implicadas pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión.
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