El año 2013 está llamado a ser fundamental para el modelo de estiba en España. Lo será si PP y PSOE quieren posicionar la modernidad y la libertad en el sector o enterrar el mismo en una agonía de legalidades hoy, que son parches de mañana. Así llevan veinte años. No aprenden. No interesa. Los muelles tienen que estar tranquilos, mientras la libertad de contratación es menoscabada a diario por el propio legislador que obliga a los empresarios a pertenecer a una sociedad de estiba si quiere trabajar en un puerto, maniatando su estructura laboral y, a veces, condenándolo a asumir pasivos laborales de otros.
El Tribunal Constitucional ha vuelto a demostrar que la Justicia en España no funciona. Ha derrochado ocho años para terminar por no querer pronunciarse por la privatización del modelo de estiba de la Ley de 2003 al haber una emergente Ley en el mercado que maquilla desde 2011 las APIEs por SAGEPs. ¿Se retrasó deliberadamente por presiones políticas el pronunciamiento del tribunal? La duda queda para el inventario. Sería muy lamentable que los juristas del Constitucional no manejaran, al menos, antes del pacto PP-PSOE de 2010, un borrador sobre la legalidad jurídica de la Ley de 2003.
Quizás no interese saberlo, porque asustaría y levantaría los muelles al desorden. Queda claro que se equivocan quienes piensan que el Constitucional mató la ‘doctrina Palao’. Fue el Parlamento. Su propio partido vendió la titularidad pública pactando las privadas SAGEPs, modelo saneado de aquellas ‘malditas’ APIEs que provocaron el recurso del PSOE y los alaridos de UGT. Hoy la central defiende las SAGEPs. Quién te ha visto y quién te ve.
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