La Comisión Nacional de la Competencia ha abierto un expediente sancionador a la comunidad portuaria de Barcelona al detectar “indicios racionales” de que algunos puntos del plan de ordenación del transporte terrestre, el denominado Proatrans, “podrían obstaculizar el acceso de determinados operadores al puerto de Barcelona”. Se trata de la incoación del expediente, es decir, Competencia ha abierto una investigación para determinar, finalmente, si se ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia.
El Proatrans se empezó a gestar en 2004 y a implantar en 2006, cuando todavía era presidente de la Autoridad Portuaria el anterior responsable, Joaquim Coello. El plan fue rubricado por toda la comunidad portuaria: las asociaciones de transportista ALTC y Transcont y los representantes de las empresas consignatarias, transitarias, estibadoras, agentes de aduana y cargadoras, incluida, lógicamente, la Autoridad Portuaria.
El expediente de Competencia tiene su origen en la consulta que en agosto de 2007 presentó Ametraci, asociación de transportistas que también opera en el puerto, ante el organismo. El puerto de Barcelona presentará alegaciones para defender “su derecho a ordenar el transporte terrestre de contenedores”, que antes del Proatrans “se desarrollaba de forma irregular”.
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