El ‘eterno’ conflicto entre transportistas y cargadores se ha vuelto a cerrar en falso. El Ministerio de Fomento, que tras el anuncio de “movilizaciones contundentes” en el sector puso toda su maquinaria en marcha, forzó la firma de un nuevo acuerdo entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y las principales asociaciones de empresas usuarias -Aecoc, Aeutransmer y Transprime-, que no ha contentado a nadie y deja un ambiente enrarecido en el que se respira de todo menos consenso y unión.
Eso sí, cumplió su objetivo: desactivar la convocatoria de un paro, anunciada por la minoritaria Fetransa, que finalmente no suscribió el documento. Así las cosas, no es de extrañar que arrecien las críticas desde dentro del propio sector, que tacha los acuerdos de “una mera declaración de buenas intenciones” y “papel mojado”, calificativos más repetidos, mientras suspira por el modelo francés, donde se cumple a “rajatabla” la ley de morosidad, la cláusula del gasóleo y la responsabilidad del cargador en la subcontratación en cascada.
Medidas, éstas sí, que los empresarios consideran fundamentales para impulsar las buenas prácticas en la contratación del sector. Lo demás es enredar y marear la perdiz. Reuniones y más reuniones que únicamente sirven para mantener entretenidos a los dirigentes de alguna que otra organización. Ocurrió en el año 2000, en 2005 y en 2008 y, casi con toda seguridad, volverá a pasar.
Lo único novedoso de los últimos acuerdos es la dura crítica de los propios firmantes del documento final, que está cogido por alfileres y puede saltar por los aires a las primeras de cambio. Es el caso de las patronales Lógica, Aecaf, Feteia y Aem, que defienden que los acuerdos son una “rémora para la competitividad”, “añaden mayor intervencionismo de la Administración”, “más opacidad” y van “en contra de la libertad de empresa”. La pregunta es obligada. ¿Por qué firmaron los acuerdos?
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