La reforma tributaria de Montoro saca al transporte por carretera de los módulos. Una medida que ya incluyó hace dos años en su plan contra el fraude fiscal, que no salió adelante ante el temor a un paro nacional en pleno rescate. Ahora, el escenario económico ha cambiado y no parece que hay vuelta atrás.
El Ejecutivo sitúa en 150.000 euros la línea roja para acogerse a la estimación objetiva y excluye las actividades que facturen más de 75.000 euros a empresas. Es decir, afectará a la práctica totalidad de los cerca de 70.000 autónomos que tributan por este método, lo que representa el 70 por ciento del sector.
La medida supone una carga de profundidad sin precedentes para el transporte por carretera y tendrá una gran repercusión en el mercado. Por un lado, se pondrá fin, de una vez por todas, a las ventajas fiscales de los autónomos, que distorsionan la competencia.
Lo que ya de por sí es de agradecer. Por otra parte, la eliminación de los módulos abrirá una singular vía para la reconversión de la carretera, ya que muchas empresas utilizan un ‘artificio societario’ para poder acogerse a este régimen, que ya no tendrá sentido mantener.
Y por último, la medida también incidirá en la competitividad de la industria española, porque la mayor carga fiscal encarecerá el transporte entre un 8 y un 12 por ciento. Y es aquí donde está la madre del cordero.
No es ningún secreto que las empresas, obligadas a recortar costes, han apostado por la contratación de autónomos, más competitivos gracias a los módulos. Teniendo en cuenta que los transportistas ya no pueden apretarse más el cinturón, si desaparece este sistema… ¿quién pagará?
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