El notable aumento del poder territorial del Partido Popular tras las últimas elecciones locales y autonómicas ha supuesto la ruptura del ‘pacto portuario’ entre el principal partido de la oposición y el Gobierno de Zapatero. Era algo anunciado. Es lo que tiene un acuerdo cogido con alfileres y con la premura impuesta desde las autoridades portuarias víctimas de un prolongado desastre tarifario de más de 450 millones de euros fruto de la legislación portuaria del pasado. Un capital que hemos terminado pagando todos los ciudadanos.
Rúbricas contra natura pergeñadas para paralizar la decisión del Tribunal Constitucional sobre el modelo de estiba y para poder alumbrar un marco legislativo más próximo a la modernidad y la privatización que a los puertos públicos, ideados en aquel romántico modelo del año 1992. Encima, la errática y confusa política de Puertos del Estado ha sumado una última gota al vaso con ese hipotético plan de concentración de autoridades portuarias, lanzado a los medios, hasta en tres ocasiones, por el presidente del organismo público, Fernando González Laxe, en los dos últimos años.
Un plan que no existe y que sólo es una reflexión intelectual del político gallego, porque el Gobierno de Zapatero sigue sin tener un plan específico para los puertos españoles. La realidad del día a día es concluyente. La crisis sigue acechando mientras los espacios portuarios aumentan sin orden, ni concierto. Muelles que se hunden, obras con sobrecostes e inversores privados que abandonan proyectos fruto de la maltrecha economía española. Millones de metros cuadrados sin actividad, sobreoferta que provoca una grave ineficiencia logística y que socava la rentabilidad de los puertos.
Nuestras empresas sufren, a diario, esa falta de productividad, escenificada en la ausencia de un diálogo activo y constante con los sindicatos de estiba por un gobierno valiente que se involucre en rebajar el coste de la operativa. No son horas de teorías sino de más gestión.
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