Los couriers internacionales, al igual que aerolíneas y operadores de handling, se han visto obligados a asumir sine die la vigilancia en el lado aire del centro de carga aérea.
Aena ha encerrado en un cajón el recurso de alzada presentado por la patronal Aeci sobre el coste de la seguridad en el aeropuerto de Barajas. Los couriers internacionales, al igual que las aerolíneas y los operadores de handling, se han visto obligados a asumir sine die la vigilancia en el lado aire del centro de carga aérea de Madrid
Transcurridos casi dos años desde que la patronal de los couriers internacionales Aeci presentara recurso de alzada ante el consejo de administración de Aena por el coste de la seguridad en el lado aire del centro de carga aérea del aeropuerto de Barajas, la pública mantiene la reclamación encerrada en un cajón. Aeci se vio obligada a recurrir ante Aena una vez que el director del aeropuerto madrileño, Miguel Ángel Oleaga, diese respuesta negativa a las reclamaciones de los couriers, obligados a asumir los costes de la vigilancia privada en el lado aire de sus instalaciones desde que en 2007 una inspección realizada por la Comisión Europea instase a que se extremasen las medidas de seguridad en el aeródromo madrileño.
Inicialmente, estas medidas se asumieron de manera provisional, pero pasado este tiempo la medida transitoria se ha convertido finalmente en permanente. En este sentido, cabe recordar que la reclamación de los couriers no ha sido la única planteada ante la pública por este motivo, ya que tanto la patronal del sector handling Aseata de forma escrita, como algunas compañías aéreas de manera verbal, se han sumado a la reivindicación. En el curso de este proceso ha dado tiempo incluso a que entrase en vigor (abril de 2010) el Reglamento europeo que regula los costes y responsabilidades en la seguridad aérea, que establece que la responsabilidad es del Estado y que éste, a su vez, puede delegar en empresas de seguridad privada, pero la duda sigue estando en quién asume ese coste.
Desde el sector se entiende que si el responsable es el Estado, debería ser éste el que asumiese el coste de contratar la seguridad privada, pero esto en la práctica no se está produciendo. Además, la comunidad de carga se queja de que se les obligue a contratar a empresas de seguridad privada para ejercer estas labores de vigilancia, sin contemplar la posibilidad de que esta misión la puedan realizar con medios propios, tal y como sucede en otros países, como es el caso de Reino Unido, “lo que abarataría de forma significativa los costes”.
En esta línea, las compañías del sector de la carga aérea entienden que es necesario modificar la Ley de Seguridad Privada, de tal forma que se permita a los empleados de las empresas courier, aerolíneas u operadores de handling controlar los equipos de rayos x, así como las entradas y salidas de mercancía, lo que permitiría abaratar los costes a las privadas.
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