La patronal del transporte terrestre de contenedores del puerto de Barcelona, ALTC, ha pedido a la Autoridad Portuaria que mantenga las condiciones actuales a las empresas que tengan que renovar las autorizaciones para operar en la dársena contempladas en el plan de ordenación del transporte, conocido como Proatrans. A principios de este año, entró en vigor el nuevo reglamento que regula la concesión de estas autorizaciones y que afecta a aquellas empresa que ya las tenían y que deberán renovarlas a partir del 1 de enero de 2010, si la Autoridad Portuaria no da marcha atrás.
Se tratan de nuevos requisitos como que los camiones deben llevar a bordo un equipo de comunicación homologado por la propia Autoridad Portuaria. Según el tipo de autorización que se renueve, otra exigencia es que la empresa tiene que acreditar una flota registrada superior a los 25 vehículos propios (más de 12 vehículos propios y 13 autónomos contratados en la anterior normativa). ALTC argumenta para pedir que no se aplique el nuevo reglamento “las actuales circunstancias económicas que, como es obvio, están afectando gravemente a las empresas de transporte terrestre de contenedores”.
Teniendo en cuenta que esta actividad ha caído alrededor del 40 por ciento en lo que va de año, “el gasto en las instalaciones de aparatos para las cabinas o en la compra de nuevos camiones es, hoy por hoy, imposible de asumir”, aseguran desde la patronal. Además, ALTC recuerda que la Comisión Nacional de la Competencia ha abierto un expediente sancionador (una investigación para determinar si se ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia) al puerto y a toda la comunidad portuaria que firmó el Proatrans, lo que “debería hacer reflexionar a la Autoridad Portuaria sobre la continuación de medidas impositivas que pueden ser nuevamente denunciadas”. Al cierre de esta edición, el puerto no había respondido.
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