Amén a la ‘Declaración de Atenas’

Adolfo Utor

La legislación española que regula la contratación de trabajadores no comunitarios es totalmente inadecuada al transporte marítimo y somete a las empresas navieras a una considerable inseguridad jurídica. Todos sabemos que la solución es volver a la regulación anterior a 2004. Esta debería ser, a mi entender, la primera medida a tomar en la puesta en marcha de la ‘Declaración de Atenas’.

Hace poco más de un mes, la ministra de Fomento pronunció un importante discurso en la capital griega con motivo de la firma de la llamada ‘Declaración de Atenas’ por parte de los ministros europeos de Transporte, un amplio documento programático que actualiza la estrategia de transporte marítimo de la Unión Europea. Todo el sector naviero europeo se ha hecho eco de esta Declaración y la ha valorado muy favorablemente.

De forma muy sintética, mencionaré algunos de los puntos: – Reconocimiento del carácter estratégico del transporte marítimo para la UE. – Reconocimiento de la importancia para la UE de contar con marinos experimentados para conservar y reforzar el know-how marítimo europeo. – Reconocimiento de la importancia clave, dentro de la política de transportes de la UE, del Transporte Marítimo de Corta Distancia y de las autopistas del mar y necesidad de apoyo a su desarrollo, incluyendo el uso del instrumento financiero Connecting Europe. – Importancia de simplificar los trámites burocráticos sobre el transporte marítimo, en particular, haciendo uso de herramientas digitales y telemáticas.

Y, por último, pero desde luego, no menos importante: – Garantizar la competitividad de las flotas de los Estados miembros de la UE, proporcionar seguridad jurídica para las inversiones y estimular el establecimiento de actividades marítimas en los Estados miembros de la UE, en un contexto de servicios marítimos liberalizados internacionalmente. En España, dentro de este terreno, tenemos sin duda una asignatura pendiente. La legislación que regula la contratación de trabajadores no comunitarios es totalmente inadecuada al transporte marítimo y somete a las empresas navieras a una considerable inseguridad jurídica. Todos sabemos que la solución es volver a la regulación anterior a 2004. Esta debería ser, a mi entender, la primera medida a tomar en la puesta en marcha de la ‘Declaración de Atenas’.

Pero eso no es todo. Como consecuencia de la puesta en marcha el pasado año en España del Convenio Laboral Marítimo de la OIT, en colaboración con la Administración, hemos detectado varios aspectos más en los que la normativa laboral española no se adecúa a las prácticas generalizadas en el mercado internacional. Se trata de aspectos como la regulación de las agencias de colocación de marinos, los certificados médicos, algunos aspectos de la regulación sobre prevención de riesgos laborales, etc.

Desde nuestro punto de vista, si queremos de verdad potenciar la competitividad del registro español, el enfoque no debería ser cómo se adapta el sector naviero a las normas laborales pensadas para tierra, sino cómo adaptamos el marco regulador nacional a la realidad internacional del sector. En suma, los armadores españoles aplaudimos la Declaración y pensamos que sus objetivos son plenamente adecuados para relanzar en España la inversión y el empleo en la marina mercante. Pero a la vez urgimos a que esos objetivos e intenciones se traduzcan cuanto antes en actuaciones y resultados concretos, porque si no, carecerán de utilidad práctica.