La Asociación de Navieros Españoles (Anave), que preside Adolfo Utor, está armada de argumentos para defenderse de la acusación velada realizada por el Gobierno ante la CE en la investigación del tax lease, el complicado sistema de arrendamiento financiero e incentivos fiscales para la construcción naval, que Bruselas considera una ayuda de Estado ilegal. En sus alegaciones de agosto de 2011, el Ejecutivo plantea la hipótesis de que los armadores fueron los únicos beneficiarios de este esquema, que ahora está suspenso. Sin embargo, Anave ha echado por tierra esta falaz afirmación pues asegura que dispone de ofertas que demostrarían que los navieros adquirieron los barcos en las gradas locales, aun sirviéndose de este modelo de financiación, a precios iguales y hasta superiores a los del mercado internacional.
A más a más, es muy difícil respaldar la sospecha que sobre los armadores españoles abre el Gobierno, cuando más de las dos terceras partes de los buques financiados por este procedimiento fueron a parar a manos extranjeras. Además, no hace falta ser un experto en la materia para asegurar que este sistema se creó para mantener viva la maltrecha industria de la construcción naval española. En cualquier caso, el asunto no es baladí, ni para los armadores, aunque el comisario Almunia ha insinuado que la resolución del Bruselas no tendrá carácter retroactivo, siguiendo el caso francés, ni para los astilleros, pues la suspensión del tax lease ha tenido efectos directos sobre los 60 buques en proyecto o en construcción que tienen ahora las gradas. En cualquier caso, al recién estrenado Gobierno de Rajoy le tocará negociar con Bruselas un nuevo sistema de financiación que no sea sospechoso de ser incompatible con las ayudas de Estado, donde el crédito fiscal se destine al armador, como pasa en Alemania e Inglaterra, que pueden construir en el exterior, y no al astillero.
© 2024, todos los derechos reservados.