La patronal de los navieros españoles espera que la nueva Ley de Navegación Marítima vea la luz finalmente durante este año.
Anave pide revisar “con urgencia” la normativa del Registro Especial de Canarias para que la flota española no siga jugando con desventaja respecto a la de otros países europeos. La patronal de los navieros españoles espera que 2013 sea el año en el que vea la luz finalmente la nueva Ley de Navegación Marítima, en fase de anteproyecto
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha vuelto a reclamar, esta vez “urgentemente”, la modificación del Registro Especial de Canarias para no seguir en desventaja respecto a otros países europeos. Y es que los trabajos para aplicar el Convenio del Trabajo Marítimo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en España, que entra en vigor el próximo 20 de agosto, “vienen a confirmar que hay algunos aspectos de la regulación actual del Registro Especial de Canarias que generan inseguridad jurídica para las empresas y que se deberían revisar con urgencia para que los buques españoles no tengan un marco más restrictivo que otros Estados de la Unión Europea”, señaló Adolfo Utor, presidente de la patronal de navieros españoles, el pasado 13 de marzo.
Esta regulación más restrictiva es en materia de contratación de marineros extranjeros. Y ello está provocando que los armadores se lleven los barcos a otros países con normas más flexibles que la española, según Anave. La asociación lleva reclamando desde hace tiempo, sin éxito hasta la fecha, que se revise la regulación del embarque de marinos extranjeros en buques bajo bandera española.
La Ley de Extranjería de 2005 ha dificultado la efectividad del registro canario, lo que se ha traducido en pérdida de flota y de puestos de trabajo nacionales. Una reducción del 28 por ciento de barcos y del 32 por ciento de empleos, hasta 2011, según datos de la propia Anave. Los buques bajo bandera española sí pueden contratar marineros no comunitarios, hasta el 50 por ciento de la tripulación.
El problema es que, para su contratación, tienen que entrar en el denominado Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que es revisado cada tres meses. Anave pide “volver, en todo lo posible, a la situación anterior al cambio normativo” del año 2005. Con ello, “estamos seguros de que se derivaría un potencial importante de crecimiento de flota mercante española y del empleo de la misma”, aseguró el presidente de la patronal de navieros.
En cuanto al Convenio del Trabajo Marítimo de la OIT, la normativa española “supera con creces los mínimos que establece el convenio”. No obstante, “su puesta en marcha exige un considerable esfuerzo en materia de documentación y certificación. Y ello tanto a las empresas navieras como a la Administración española”, añadió Adolfo Utor.
LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA
Una normativa que se está haciendo desear es la nueva Ley de Navegación Marítima. Se trata de un texto, en fase de anteproyecto, “que ha sido revisado en profundidad en 2012”. Ahora, es de esperar que “pueda finalmente ver la luz este mismo año 2013, porque supondría la modernización y la clarificación muy considerable de la legislación española en este campo”. Adolfo Utor anunció que Madrid será la sede de la asamblea anual de la Ecsa, la organización de navieros europeos que preside el español Juan Riva, los días 13 y 14 del próximo mes de junio.
Sólo dos petroleros
Únicamente dos buques nuevos se sumaron a la flota española el año pasado, debido a la prolongada crisis económica.
Son dos petroleros gemelos, que suman 162.374 toneladas de arqueo bruto (GT), en los que el grupo marítimo vasco Ibaizabal ha invertido 120 millones de euros.
A 1 de enero, las navieras españolas controlaban un total de 215 buques mercantes, 132 bajo pabellón español (61 por ciento) y 83 bajo pabellón extranjero (39 por ciento), que sumaban casi cuatro millones de toneladas de arqueo.
Durante el pasado año, el número de buques se redujo en 14 unidades, siete de ellas operaban bajo pabellón español y otras siete bajo pabellón extranjero. El tonelaje descendió el 1,9 por ciento, de acuerdo con el informe del gabinete de estudios de Anave.