Y así detener la sangría de la flota bajo pabellón español en cabotaje, que ha perdido el 28% de sus barcos y el 32% de sus puestos de trabajo nacionales desde 2005.
Anave ha reclamado al Gobierno “soluciones pragmáticas” para la contratación de marinos no comunitarios en el registro especial de buques, y así detener la sangría de la flota bajo pabellón nacional en tráficos de cabotaje, que ha perdido el 28 por ciento de sus barcos y el 32 por ciento de los puestos de trabajo nacionales desde 2005
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha reclamado al Gobierno mayor flexibilidad del registro especial de buques en materia de contratación de marinos no comunitarios o extranjeros, a través de “soluciones pragmáticas” que ya se aplican en otros países europeos, para “así detener la sangría de la flota bajo pabellón nacional” en tráficos de cabotaje. Esta fue la principal demanda de Adofo Utor, presidente de Anave, en la Asamblea de la patronal celebrada el 21 de junio en Madrid, que contó con la presencia de Isaías Táboas, secretario de Estado de Transportes, y María Isabel Durántez, directora de Marina Mercante.
“Desde 2005, la legislación sobre Extranjería ha dificultado mucho la aplicación y limitado la efectividad del registro canario. Como consecuencia, en este tiempo, la flota mercante de pabellón español ha perdido el 28 por ciento de sus buques y el 32 por ciento de sus puestos de trabajo (nacionales)”, explicó Utor. El problema que subyace en las palabras de Utor no es que los armadores con buques en el registro de Canarias no puedan contratar marinos no comunitarios, que sí pueden hacerlo, hasta un máximo del 50 por ciento de la tripulación.
El resto, incluidos capitán y primer oficial, tiene que ser comunitario. Lo que ocurre es que “ las empresas están sujetas, cada tres meses, a que los sindicatos digan que sí o que no a mantener los puestos de trabajo para extranjeros en buques nacionales dentro del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Claro, esa es una espada de Damocles sobre los armadores”, explican desde Anave. En 2007, la patronal llegó a un acuerdo con los sindicatos para que los puestos de trabajo a bordo de buques entrasen en ese catálogo, con lo que el proceso de enrolar un extranjero “pasó de ser imposible a durar entre mes y medio y dos meses”.
Este catálogo se revisa y aprueba trimestralmente por una comisión, donde están Trabajo, la CEOE y los sindicatos. El segundo caballo de batalla es que “los sindicatos, últimamente, están diciendo que a igual trabajo, igual salario. Es decir, que el armador tiene que pagar lo mismo al extranjero que al español, cuando la ley de Puertos dice que a los no comunitarios embarcados en buques del registro especial, considerados como no residentes en nuestro país, no se les tiene que aplicar las condiciones laborales españolas si así se especifica en el contrato de trabajo”.
Anave se pregunta “quién sale ganando con esa demanda, porque el resultado de la misma es que “la naviera se llevará el barco a Malta, donde podrá contratar la tripulación que le dé la gana. Se contratan extranjeros para reducir costes. Y al armador de pabellón español no le salen los costes para ser competitivo con Malta, Chipre o Madeira, si tiene toda la tripulación en condiciones de contratación nacionales”.
Por ejemplo, la diferencia salarial entre un sulbarterno nacional y un extranjero ronda el 50 por ciento. Por esta razón, Anave solicitó a Fomento que “reconozca al transporte marítimo como una actividad económica estratégica para nuestra país”, lo que permitiría dar cabida a las citadas excepciones en la normativa laboral.
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