La patronal de la estiba considera que la aplicación del nuevo sistema de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo tendrá “un impacto muy negativo en las terminales portuarias, afectando a los enclaves españoles dedicados al transbordo en el Mediterráneo”.
La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) respalda la aplicación de una moratoria a la entrada en vigor de la nueva directiva medioambiental del ETS (Emissions Trading System) a partir de 2024. Este nuevo sistema para controlar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte marítimo en la UE obligará a todos los buques que escalen en puertos europeos a pagar derechos de emisión.
La patronal, que agrupa a estibadoras y centros portuarios de empleo, se una así a la petición que distintos organismos públicos y empresas privadas han trasladado a la Comisión Europea para que aplique la moratoria.
En un comunicado, Anesco indica que “las terminales portuarias españolas temen que, huyendo del cumplimiento de esa normativa, una parte sustancial de los tráficos de transbordo se trasladen desde los puertos del sur de Europa hasta otros puertos extracomunitarios”. Y resalta que, de acuerdo con estudios realizados por distintos expertos, “esta previsible fuga de tráficos afectará a la competitividad de los puertos españoles que realizan actividades de transbordo, las cuales suponen el 55 por ciento del total de las mercancías manipuladas en todo el sistema portuario español, y tendrá impacto en sus economías locales”.
La asociación explica que durante la tramitación de la directiva, se introdujo el concepto de “puertos vecinos de transbordo”, para aquellos puertos extracomunitarios que a una distancia inferior a 300 millas de puertos comunitarios tengan más de un 65 por ciento de su tráfico como transbordo. Esta medida se considera “insuficiente”, por parte de la asociación, “puesto que el pago del gravamen es evitable modificando las rutas hacia puertos extracomunitarios, lo que sitúa a los puertos comunitarios en situación de clara desigualdad respecto a sus vecinos”.
La patronal espera responsabilidad de las autoridades comunitarias al objeto “de minimizar las repercusiones negativas de la misma”. El objetivo, según Anesco, sería conseguir “una moratoria similar a la que se concedido recientemente al sector de la automoción ante el daño que ocasionaba la nueva normativa de emisiones”.
Hay que recordar que los ministros de Transporte de la Unión Europea han solicitado a la Comisión Europea esta moratoria, una demanda que se ha incorporado a un paquete de medidas para rebajar los efectos de la directiva del ETS, una cuestión que deberá revisar el parlamento y ejecutivo comunitario.
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