Las empresas ubicadas hace años en el polígono de Barcelona pagan de media entre 10 y 12 euros m2 al año, que aumentará hasta los 32 euros cuando finalicen el contrato.
La asociación de empresas arrendatarias del polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona, Serafransa, ha alertado del riesgo de deslocalización de empresas que llevan años instaladas, cuando les venza el contrato en vigor, por el incremento del alquiler. De media, se multiplicará por tres o más la renta que tendrán que pagar
La asociación de empresas arrendatarias del polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona, Serafransa, ha alertado del riesgo de deslocalización de compañías que llevan años instaladas, cuando les venza el contrato, por el incremento del precio del alquiler. El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que gestiona el polígono, estableció en 2005 las nuevas condiciones de los contratos de arrendamiento que incluyen un precio único de 32 euros el metro cuadrado al año, más la subida del IPC desde entonces. La renta que pagan las empresas es muy heterogénea, aunque la media oscila entre los 10 y los 12 euros el metro cuadrado al año, según Serafransa.
Desde que se aplican las nuevas reglas, han vencido tres contratos de empresas de las más antiguas y con alquileres de los más bajos, que no superan los dos euros. Estas tres empresas son un caso particular “porque pagaban muy poco”, señala un portavoz de Serafransa. El goteo de compañías con arrendamientos más elevados cuyos contratos expiran empezará el próximo año. Son empresas que verán multiplicada por tres o más la partida que destinan al pago de las instalaciones, que como mínimo ocupan 5.000 metros cuadrados, de querer continuar en el polígono.
Las condiciones del contrato “son muy duras por el precio del alquiler en comparación con otros polígonos industriales europeos”. Además, estos precios “se establecieron en un momento álgido del mercado inmobiliario”. Serafransa también critica la nueva cláusula que especifica que todas las instalaciones que construya el arrendatario son propiedad del Consorcio. Esto ya era así antes de 2005, pero al hacerlo explícito “puede implicar trabas para que la empresa consiga financiación para construir o frustrar operaciones de traspaso de las instalaciones como ocurría hasta ahora”, añadieron desde Serafransa. No solo hay riesgo de que las empresas hagan las maletas para emigrar a otro polígono o, lo que es peor, que cierren a medio o largo plazo.
Actualmente, “ya hay compañías que les vence el contrato dentro de diez años y se están planteando si invierten o no”. “No decimos que no haya que subir el precio. Ahora bien, pedimos al Consorcio que no corte por el mismo rasero a las compañías que llevan 30 ó 40 años instaladas que a las recién llegadas”. Desde que está en vigor el nuevo contrato, se han instalado cinco empresas en el polígono. Para Serafransa, las nuevas reglas “suponen un cambio en la filosofía del Consorcio”, que tradicionalmente ha apostado por instalaciones duraderas.
“El propio delegado del Estado en el Consorcio ha señalado el interés en que se ubiquen empresas de alto valor añadido”. Y las nuevas condiciones pueden provocar “que echen la persiana operadores logísticos instalados, con lo que resultaría también perjudicado el puerto y el aeropuerto”, infraestructuras próximas al polígono. “Se hace una homologación y se fija un precio único del alquiler porque, con ello, damos un trato equitativo a todos los arrendatarios”, señalaron fuentes del Consorcio. “No estamos más caros que el mercado, estamos en la franja baja”, añadieron.
De 100.000 euros a 1,7millones anuales por el alquiler
Para una de las tres empresas más antiguas instaladas cuyos contratos han vencido en 2010, que tiene 50.000 metros cuadrados de almacenes, las nuevas reglas suponen pasar de pagar un alquiler de 100.000 euros a 1,7 millones al año. “La subida es tan exagerada que no sabemos qué haremos”, señalaron desde la compañía. Las tres llevaron el caso a los tribunales y lo perdieron.
El Consorcio ha propuesto una aplicación progresiva de la subida en cinco años, a partir de 2011. Ello demuestra que “tenemos voluntad de negociar”, señalaron desde el Consorcio. Los sindicatos han pedido la mediación de la Generalitat ante el riesgo de deslocalización. En los órganos de Gobierno del Consorcio están representados el Ayuntamiento de Barcelona, el Estado (que nombra al delegado) y otras instituciones.
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