Esperemos que, antes de poner en marcha las 44 toneladas, el Gobierno se siente con los principales implicados
La situación económica que dejará el COVID19 es preocupante, especialmente para aquellos sectores en los que España es especialmente fuerte como el turismo y la industria de automoción. Es comprensible que, en la situación actual, el Gobierno haga un esfuerzo por estimular la demanda interna. Fomentar la renovación del parque de vehículos es un modo de lograrlo, especialmente cuando dicha medida contribuirá a reducir la contaminación. A tal fin, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el Plan de Impulso a la Industria de la Automoción con un presupuesto de 3.750 millones, de los que 1.535 millones se movilizarán en 2020.
El Plan incluye cinco pilares clave: la renovación del parque de vehículos para fomentar la reducción de emisiones; inversiones para fomentar la competitividad y la sostenibilidad, dentro del cual se incluye un programa para mejorar la competitividad en la logística del transporte; investigación, desarrollo e innovación; fiscalidad para impulsar la competitividad del sector; y medidas de formación. El Plan impone como requisito el compromiso del sector de abordar una transformación que garantice la descarbonización fomentando la atracción de nuevos modelos eléctricos para su fabricación en España.
En el ámbito del transporte de mercancías, sorprende que el programa para mejorar la competitividad en la logística introduzca como medida la utilización de camiones de 4,5 metros de altura y 44 toneladas. Aunque es cierto que aumentar la dimensión de los vehículos contribuirá en cierta manera a aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones, hubiera sido más razonable aprobar dicha medida tras lograr un amplio consenso entre todos los agentes involucrados (fabricantes, cargadores y transportistas). Además, la eficacia de esta medida no dependerá tanto de que la apruebe el Gobierno, como de que exista un nicho de mercado lo suficientemente amplio para que su impacto sea relevante. Esto pasa por llegar a un acuerdo en la UE que permita dichos pesos y dimensiones para tráfico intracomunitario. Esperemos que, antes de poner en marcha esta medida, el Gobierno se siente con los principales implicados, los transportistas también, para lograr una solución que beneficie a todas las partes.
José Manuel Vassallo
jvassallo@caminos.upm.es