El sector cree que la Administración local se limita a darles largas en sus reivindicaciones.
Los transportistas de Madrid y el ayuntamiento de la capital andan a la greña por culpa de la regularización de la carga y descarga y la movilidad de los vehículos, principalmente en la denominada Calle 30. El sector entiende que después de numerosas reuniones, la Administración local se limita a darles largas en sus reivindicaciones
La última reunión celebrada hace tan solo unos días entre representantes del ayuntamiento de Madrid y miembros del Comité Madrileño de Transportes concluyó con un sonoro fracaso. Ni el subdirector de Movilidad del ayuntamiento, Mario Elipe, ni el director de Movilidad, Rafael Morán, plantearon ninguna solución ante los problemas en materia de carga y descarga y movilidad que se pusieron sobre la mesa, según fuentes del comité.
Las principales reivindicaciones de los transportistas se centran en la mejora de las condiciones de carga y descarga en Madrid, mediante la creación de nuevas zonas habilitadas a tal efecto, así como el levantamiento de la prohibición de circulación por la denominada Calle 30 por parte de los vehículos de transporte de más de 7,5 toneladas, lo que está perjudicando de forma notable la realización de la distribución capilar de mercancías en la capital madrileña. Según los transportistas, la última reunión se cerró una vez más sin ningún tipo de concesión en ambos casos.
Así las cosas, uno de los subsectores más afectados por ambas problemáticas, como es el del transporte de obras, está estudiando lanzar ya el primer órdago contra la corporación local, en forma de movilizaciones que se plantearían en las próximas semanas. Precisamente, el presidente de la patronal del sector, Atrascon, Javier Díaz, ha confirmado a este periódico que “la situación es insostenible porque nos están aplicando sanciones de 150 euros por cualquier presunta irregularidad que detectan a la hora de realizar la carga y descarga”. Atrascon representa a un colectivo de más de 700 camiones.
Además, la situación se va a complicar todavía más tras la entrada en vigor de una ordenanza de la Concejalía de Medio Ambiente que contempla multas desde 700 a 1.500 euros por el vertido de escombros o residuos en la calle como consecuencia del proceso de carga y descarga. “Nuestra agrupación realizó media docena de alegaciones respecto del borrador de la ordenanza, pero no se nos ha hecho caso en ninguna”, lamenta Díaz, que cree que “Madrid se ha convertido en punta de lanza a la hora de perseguir al transportista”.
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