Los permisos se reducen a genéricos y específicos, que cobrará por expedir, y desaparecen los incentivos y exigencias de flota.
El puerto de Barcelona ha sacado a información pública el pliego de condiciones para desarrollar la actividad del transporte terrestre de contenedores, que sustituye al Proatrans. Fija dos tipos de autorización, genérica y específica, que cobrará por emitir. Desaparecen los incentivos del antiguo plan, como exige Competencia
La Autoridad Portuaria de Barcelona sacó el pasado agosto a información pública el nuevo pliego de condiciones para desarrollar la actividad del transporte terrestre de contenedores en la dársena. Recoge los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de la Competencia, que resolvió, la pasada primavera, la terminación convencional (sobreseimiento) del expediente sancionador abierto contra la comunidad portuaria por el antiguo plan de ordenación de este transporte (Proatrans).
Como la anterior normativa, es necesaria una autorización para desarrollar esta actividad expedida por la Autoridad Portuaria. Habrá dos tipos de autorizaciones: las genéricas, que tienen un periodo de vigencia de tres años, para el transporte que habitualmente trabaja en la dársena, y las específicas, para realizar operaciones concretas durante 48 horas. Elimina los incentivos y los diferentes tipos de autorizaciones vinculados a una exigencia mínima de flota que recogía el Proatrans. Con el antiguo plan, el transportista esporádico tiene que pasar por caja cada vez que entra en el recinto y paga un mínimo de 5,20 euros y un máximo de 20,76 euros en función de la norma Euro del camión.
Con la nueva normativa, el puerto cobrará por expedir y modificar las autorizaciones genéricas y específicas (y, en el caso de estas últimas, además, por emitir el preaviso a las terminales), recoge el pliego de condiciones, que no liga la tasa a la norma Euro del vehículo. Con la anterior norma, las empresas que trabajan habitualmente en la dársena (con la antigua autorización P) no pasaban por caja. Los operadores de transporte del puerto consultados por este periódico se han mostrado prudentes a la hora de valorar la nueva reglamentación.
Eso sí, rechazan frontalmente pagar una tasa y coinciden en que no supondrá una mejora de la operativa. “Quedan por aclarar aspectos como si tendremos que registrar a los autónomos en nuestras empresas como hasta ahora”, señalan desde una empresa. “Hemos pasado la información a nuestros servicios jurídicos”, añaden desde otra compañía crítica con el sistema del transporte en el puerto, “el único, que cobra por entrar a trabajar”. Esta empresa asegura que llega gastados 30.000 euros, cuya devolución ha exigido a la Autoridad Portuaria, en autorizaciones temporales porque, en su día, únicamente pudo registrar sus vehículos que habitualmente trabajaban en la dársena.
Aunque el plazo de información pública oficial ha finalizado, “se dará el tiempo que se necesite a las entidades que quieran presentar alegaciones”, señalaron fuentes del puerto. Al cierre de esta edición, únicamente había presentado alegaciones Cotraport (cooperativa de la antigua Transcont), que declinó hacer declaraciones a este periódico. La nueva ordenación será aprobada previsiblemente el próximo otoño.
Lo que había antes
Con el antiguo Proatrans, que el puerto suspendió al abrir la investigación Competencia, había la autorización E (puntual) y la P (dos años de duración).
La autorización P exige al conductor hacer un curso de formación, utilizar procedimientos telemáticos (plataforma Portic) e instalar un tele-tag a bordo.
Con la P, se podía obtener la P+. Había tres grados de la P+, en función de la flota de vehículos (propia y de autónomos) exigida. Dependiendo del tipo de P+, se obtenían precios más ventajosos para alquilar aparcamientos y oficinas en la dársena.