El presidente se servirá de esta instrumental para avalar a la suspensa CR Aeropuertos, con un pasivo de 300 millones, donde participa “su amigo” y empresario Díaz de Mera.
La Junta de Castilla-La Mancha ha creado una empresa pública que tiene como objetivo salvar al quebrado aeropuerto de Ciudad Real. La nueva sociedad avalará con dinero público a CR Aeropuertos, propietaria del aeródromo, en concurso de acreedores por decisión del juez y que arrastra una deuda de más de 300 millones de euros
El rescate público al ruinoso aeropuerto privado de Ciudad Real, que ya anunciábamos en la pasada edición de TRANSPORTE XXI, ha tomado al fin forma. El pasado 10 de junio, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha quedaba aprobada con los votos del PSOE, partido en el Gobierno, la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias ex profeso para la concesión de un aval a la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos, con el objetivo último de garantizar su viabilidad. Mientras, desde el PP, que había mostrado sintonía con la necesidad de recurrir al dinero público para salvar el proyecto, se manifestaba una profunda disconformidad con la fórmula diseñada por el Gobierno regional. Los populares eran partidarios de una expropiación de las acciones de CR Aeropuertos tras someter a la sociedad a auditorías independientes.
Además, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha anunciado que estudiarán emprender acciones legales si la Junta acaba concediendo finalmente el aval de 140 millones de euros que solicitó la sociedad propietaria del aeropuerto. Concurso de acreedores A todo esto, los acontecimientos se han venido precipitando en las últimas fechas, ya que CR Aeropuertos era declarada en situación de concurso necesario el pasado uno de junio por el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de loMercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero, atendiendo a la solicitud de las acreedoras Montreal Montajes y Realizaciones y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur).
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se pone de manifiesto que ha quedado suficientemente probada “la existencia de un número de deudas exigibles e impagadas suficientemente significativas para deducir de ellas ese sobreseimiento general del pago de las mismas”. Entre estas deudas se citan las correspondientes a los acreedores del concurso y con otras sociedades, tal y como se detalla en cuadro adjunto. En total, la deuda exigible e impagada de CR Aeropuertos a fecha de hoy es de 143,25 millones de euros, según el auto judicial, si bien uno de los consejeros de CR Aeropuertos, Marcelo Larrañaga, reconocía públicamente hace unos días que “la deuda real del aeropuerto asciende a 302 millones de euros”, de los que 210 millones los mantienen con entidades financieras y el resto son deudas con acreedores y proveedores de servicios.
Por otra parte, Larrañaga señaló que con el aval de la Junta de Castilla-La Mancha y con la garantía hipotecaria de las instalaciones y los terrenos, CR Aeropuertos esperaba conseguir una financiación de 360 millones de euros. Pero, más allá de la ruinosa situación del aeropuerto y el poco justificable socorro público en el marco de una crisis económica sin parangón, en este asunto chirrían en demasía otra serie de aspectos. ¿Cómo se explica que la sociedad que da origen a la declaración de concurso esté participada mayoritariamente por los tres accionistas de referencia del aeropuerto?
Y es que Montreal Montajes y Realizaciones, que promovió la solicitud de concurso a la que posteriormente se sumó Cajasur, tiene como accionista mayoritaria a la sociedad Ruteso Aplicaciones, a la sazón perteneciente al grupo de empresas que controlan los constructores Domingo Díaz de Mera, Ignacio Barco y Román Sanahuja, impulsores del proyecto de aeropuerto junto con el presidente de la infraestructura, el también constructor Juan Antonio León Triviño. Montreal Montajes y Realizaciones, que se encuentra también actualmente en fase de concurso, aprobó hace unos meses la destitución del administrador y accionista minoritario José Ángel González Tausz, promotor de la solicitud de concurso para el aeropuerto, con la que aparentemente el accionista mayoritario estaba en desacuerdo.
González Tausz fue sustituido en el cargo por Marcelo Larrañaga, el consejero de CR Aeropuertos que mencionamos más arriba y a la sazón hombre de confianza de Díaz de Mera. Curiosamente, pese al relevo en el cargo, la demanda de concurso contra el aeropuerto no fue retirada en su momento y ha posibilitado finalmente este desenlace. Por otro lado, el origen del proyecto y su declaración por parte de la Junta de Castilla-La Mancha como Proyecto de Singular Interés (PSI) provocó el abaratamiento significativo de los terrenos sobre los que se asienta el aeródromo. Fuentes del PP señalan que al tratarse de un PSI la compra del terreno se efectuó a entre uno y cinco euros el metro cuadrado y además la operación quedó exenta del pago de impuestos municipales.
La superficie adquirida para la ejecución del aeropuerto se elevó a 1.200 hectáreas, que estaban anteriormente repartidas entre 170 propietarios. Además, la Junta de Castilla-La Mancha aprobó hace ahora un año la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (Lotau), que ha permitido que el suelo del aeropuerto, considerado hasta ese momento como rústico, pueda ser recalificado y vendido como suelo industrial, lo que en la práctica multiplica su valor desde los alrededor de cinco euros que se pagaron en su momento por metro cuadrado hasta más de 50 euros, según señalan diversos expertos. Esto supone la revalorización inmediata de los terrenos proyectados como zona logístico-industrial del aeropuerto que representan una superficie total de 700 hectáreas.
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