“Podemos confirmar que la Dirección General de Competencia ha recibido una queja relativa a la APIEs que estudiará cuidadosamente. No podemos revelar la identidad del denunciante”. Con este lacónico diálogo, un portavoz de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, que dirige la comisaria Neelie Kroes, confirmaba a este periódico que se ha iniciado una investigación contra la actual legislación portuaria española, la Ley 48/2003, que estableció la transformación en todos los puertos españoles de las sociedades estatales de estiba en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico.
El único motivo aducido para que los servicios de competencia europeos actúen es la recepción de una “solitaria queja” en la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea contras las APIEs, creadas de acuerdo a la vigente legislación española por las empresas estibadoras de cada puerto, considerando la citada queja que “pueden ir en contra de la libre competencia”.
Pese a que Competencia se niega a revelar la identidad del denunciante, fuentes empresariales señalan que “no ha podido ser ninguna empresa estibadora”, por lo que todas las miradas se dirigen hacia Puertos del Estado y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que no están de acuerdo con la transformación efectuada de las sociedades estatales de estiba en APIEs, afirmando que Fomento “puede haber utilizado un intermediario para realizar la queja”.
Fuentes de la patronal Anesco han señalado que “si el tema va adelante nos puede favorecer porque, al final, Competencia le tendrá que decir al Gobierno español que se deje de gaitas y liberalice el mercado de estiba”, matizando que “si Competencia analiza todos los puertos europeos, verán que el pool privado existe en todos los puertos, con lo que no podrán tomar una decisión únicamente para España”.
© 2024, todos los derechos reservados.