Cambio de rumbo

Un lustro decisivo para la política europea del transporte por carretera

La décima legislatura del Parlamento Europeo cuenta desde julio con 720 escaños, de los que el 54% son eurodiputados que se estrenan en la arena política europea. Si hay algo que quedó claro después de esos comicios fue la pérdida de apoyo que sufrió el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, cuya representación pasó de 71 a 52 escaños. Un cambio que sugiere que los votantes europeos están reevaluando los enormes costes ligados a la rápida transición hacia energías limpias y cómo está afectando a sectores clave como la producción de alimentos, la industria automotriz, la textil o el suministro de calefacción en los hogares.

Las primeras reuniones que he mantenido con algunos de sus nuevos miembros me han dejado una impresión clara: se vislumbra un cambio de rumbo, una oportunidad para reconducir lo que se ha hecho en los últimos años para “legislar menos, legislar mejor”, una consigna que nos habían prometido hace un lustro.

Sin embargo, en la anterior legislatura, y en particular durante los últimos dos años, hemos sido testigos de una avalancha normativa en nombre del Green New Deal y su apéndice ‘Fit-for-55’. Paquetes legislativos que pretenden situar a Europa en la senda de la sostenibilidad ambiental, pero cuyas metas y plazos reflejan una desconexión preocupante con las realidades operativas del transporte pesado por carretera y su sostenibilidad empresarial. El nuestro es un sector que ya ha demostrado ser resiliente ante múltiples crisis; desde la pandemia hasta el aumento exponencial de los costes de los combustibles. Pero las nuevas normativas, si bien son bienintencionadas, están poniendo en riesgo su viabilidad. El Fit-for-55 contempla, por ejemplo, la inclusión de nuestras compañías en el ETS 2 para 2027, lo que representa una enorme carga financiera y burocrática.

Otro punto crítico es la normativa de CO2 para vehículos pesados. Los objetivos impuestos a los fabricantes de camiones están destinados a reducir las emisiones, pero las tecnologías disponibles y el ritmo de renovación de flotas no permiten un cumplimiento efectivo sin un considerable impacto en la disponibilidad y el coste de los vehículos.

Al titánico coste que supone renovar la flota de nuestro país -más de 580.000 camiones- con vehículos eléctricos “cero emisiones”, habría que sumar la inversión que supone desplegar una red idónea de puntos de recarga.

Para reducir desde ya las emisiones de CO2 habría que impulsar otras opciones energéticas como los combustibles renovables y aquí es donde el recién designado Parlamento Europeo tiene mucho que decir. De mis encuentros con algunos de sus representantes he percibido una apertura hacia “la escucha” y una disposición a reconsiderar estas políticas desde un enfoque más pragmático. No es una promesa, pero al menos ofrece una esperanza de que esta “segunda vuelta” en la que nos encontramos permita introducir cambios hacia normativas más realistas y equilibradas.

La seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son esenciales para planificar nuestras inversiones y cumplir con nuestros compromisos. Por eso, la prisa por resolver estas dudas no es un capricho, sino una necesidad. No podemos planificar el futuro con reglas que no dejan claro el camino y que, de mantenerse en su forma actual, comprometen la viabilidad de estas compañías. El tiempo es un lujo que el transporte por carretera no tiene. Esperamos que esta nueva etapa sea una oportunidad para construir un marco regulatorio basado en la colaboración, el realismo y el sentido común.

.

Ramón Valdivia

rvaldivia@astic.net