Canarias se asegura bonificaciones a las tasas por ser región ultraperiférica

La nueva Ley de Puertos permitirá que navieras y cargadores no tengan que pagar un extracoste de 40 millones de euros anuales.

Canarias se asegurará mantener el sistema de bonificaciones a las tasas portuarias que disfruta en la actualidad al estar considerada como región ultraperiférica de la Unión Europea. La nueva Ley de Puertos permitirá que navieras y cargadores no tengan que pagar un extracoste de 40 millones de euros anuales en los puertos canarios

La sentencia de la sala séptima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 4 de febrero en la que se condena a España por aplicar un régimen distinto de tasas portuarias a Canarias no afectará a las bonificaciones, ya que el Gobierno de Zapatero ha acordado con el Partido Popular y Coalición Canaria modificar su inicial proyecto de Ley de Puertos con el fin de que las islas se acojan a su condición de región ultraperiférica.

El borrador de modificación de la Ley de Puertos, elaborado por el equipo de la ministra Alvarez, procedía a eliminar todas las bonificaciones a las tasas portuarias con origen y destino a Canarias que hay en la actual Ley de Puertos 48/2003, de acuerdo al dictamen motivado de la Unión Europea que solicitaba esta medida. Este dictamen ha sido ahora confirmado por la sentencia del tribunal de Luxemburgo.

Para salvar el obstáculo de la sentencia del tribunal europeo, el nuevo equipo del ministro Blanco se ha comprometido a incluir en el texto de la modificación de la Ley de Puertos el concepto de ultraperifericidad de Canarias, lo que deberá permitir, a juicio de varios juristas consultados por este periódico, asegurar el sistema de bonificaciones, si bien, por el momento, se desconoce cómo será articulado definitivamente el nuevo sistema de bonificaciones, así como qué pasará en el caso de Baleares, Ceuta y Melilla, ya que aún se desconoce la redacción de las enmiendas que se presentará por los grupos políticos.

Y es que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, viene a consolidar el reconocimiento de las peculiaridades de las Islas Canarias como región ultraperiférica (RUP) que ya se incluía en el texto de la malograda Constitución Europea, permitiendo a Canarias beneficiarse de ayudas de Estado al margen de su nivel de renta, al considerarse las mismas dentro de un régimen fiscal específico y autónomo, y poder asegurar las bonificaciones que hoy contiene (ver cuadro superior) la legislación portuaria española. La nueva redacción de la futura Ley de Puertos deberá obtener el placet de la Unión Europea una vez aprobada por el Parlamento español, resolviendo de esta forma la sentencia del tribunal europeo cuyo argumento se basaba en que España no había atendido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros, al mantener en vigor los artículos 24, apartado 5, y 27, apartados 1, 2 y 4, de la Ley 48/2003, que establecen un sistema de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias.

El Tribunal de Justicia criticó, en su sentencia del pasado 4 de febrero, al Gobierno de España por no haber formulado en su defensa ningún argumento jurídico, limitándose a señalar que se estaba trabajando para adaptar la normativa portuaria a la de la Unión Europea. Sin embargo, desde la patronal Anave, que preside Adolfo Utor, se aclara que “la sentencia no tiene directamente ninguna aplicación ni efecto sobre el sector, es decir, no supone anular la Ley vigente, por lo que no se produce un vacío legal. La ley actual se seguirá aplicando mientras no sea modificada”.

De acuerdo a este escenario, la futura modificación de la Ley de Puertos permitirá que compañías navieras y cargadores no tengan que pagar un extracoste cifrado en unos 40 millones de euros anuales si no se mantuviera el actual sistema de bonificaciones en las tasas. Desde la patronal Anave se ha venido señalando en los últimos meses que con la inicial propuesta de modificación de Ley de Puertos del Gobierno de Zapatero las tasas con Canarias habrían subido una media del 400 por ciento en los tráficos de petroleros y un 250 por ciento en el caso de ferries y ropax al no mantenerse el sistema de bonificaciones que abonan las navieras para los tráficos desde la Península con origen o destino Canarias, así como los interinsulares.

De hecho, la patronal aseguró que “la eliminación de las actuales bonificaciones supondrá multiplicar por cinco las tasas en los tráficos de Canarias”, lo que supondría encarecer gravemente el transporte con el archipiélago. Por último, Anave afirma que con la interpretación europea sobre las bonificaciones pueden deducirse consecuencias “que pueden ser graves para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia intraeuropeo, puesto que sería ilegal darles un trato favorable a dichos tráficos en las tasas”.