El ejecutivo de las islas no retirará la normativa en la materia a pesar del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central.
El Ejecutivo de Canarias ha decidido mantener un pulso con el Gobierno de Madrid en relación a la implantación y el uso del tacógrafo en los vehículos de la islas. Y es que Canarias no retirará la regulación que ha aprobado en la materia a pesar del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Madrid
El Ejecutivo de Canarias ha decidido mantener un pulso con el Ejecutivo de Madrid en relación a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de las islas a pesar del recurso de inconstitucionalidad aprobado por el Consejo de Ministros. Como se recordará, la controversia hace referencia a la regulación por parte de la Comunidad Autónoma de la instalación y el uso del tacógrafo en los transportes por carretera. Según un nota del Ministerio de Administraciones Públicas, “está regulación corresponde al Estado y así lo ha señalado de manera expresa el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones”. Sin embargo, la Ley Canaria de Ordenación del Transporte por Carretera, de 17 de mayo de 2007, regula el uso y la instalación del tacógrafo en los vehículos de las islas, por lo que el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 22 de febrero, acordó promover un recurso de inconstitucionalidad.
A pesar del citado recurso, la Consejería de Transportes de Canarias no está dispuesta a dar marcha atrás ya que cuenta con “el apoyo” de la Mesa del Transporte de las islas, donde están representados las empresas y los autónomos del sector. Aunque el Real Decreto del Estado establece la obligatoriedad del uso del tacógrafo sólo en las islas mayores de 1.500 kilómetros cuadrados, es decir, en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, de acuerdo con los grupos políticos y con el sector, decidió que era necesaria la implantación del mismo en las siete islas porque el trafico interinsular de mercancías se ha multiplicado en los últimos años.
“Canarias, dado el avance de sus infraestructuras y del transporte marítimo, ha visto como, de forma cotidiana, los transportistas se desplazan de una isla a otra en el mismo día”, señala la consejería de Juan Ramón Hernández en un comunicado. Ampliación de plazos El Gobierno de Canarias ha intentado trasladar al Gobierno de Madrid el problema que se plantea en islas como Fuerteventura, donde no hay centros de ensayo autorizados para la activación y certificación del tacógrafo, “por lo que tendrán muy complicado cumplir con todos los requisitos exigidos en la norma”.
En este sentido, la ley insular establece unos plazos más amplios que los propuestos en el Real Decreto ministerial “atendiendo a las especiales condiciones de fragmentación de las islas y a que en Canarias nunca se ha aplicado el tacógrafo, mientras en el resto del territorio nacional está en vigor desde 1985, por lo que el resto de España tiene acumulada una experiencia en la aplicación de este elemento”. Según la Consejería de Transportes, “esta circunstancia es el objeto de la discrepancia entre el Estado y Canarias”. No obstante, ambas Administraciones seguirán negociando en el seno de la Comisión Bilateral.
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