El Gobierno de Cantabria se ha subido a la ola del ‘céntimo sanitario’, impuesto que grava el consumo de carburantes para financiar la sanidad, cuya legalidad examina el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La medida supone un duro varapalo al sector del transporte, en situación delicada, que se opone frontalmente a su implantación. En la actualidad, son ya once las regiones que aplican este tributo, incluyendo Cantabria, en el punto de mira de Bruselas, que sostiene que no se ajusta a la normativa comunitaria. La cantidad que podrían reclamar los transportistas supera los 2.500 millones.
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