La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dado carpetazo al expediente sancionador (investigación) que abrió contra la Autoridad Portuaria de Barcelona y las asociaciones firmantes del plan de ordenación del transporte terrestre, el conocido como Proatrans, por presunta vulneración de la libre competencia. El organismo supervisor ha resuelto la terminación convencional (sobreseimiento) del caso porque se han modificado los aspectos en entredicho del Proatrans.
La dirección de investigación de la CNC consideró, en su día, que el sistema de autorizaciones para acceder el transporte de contenedores al puerto obstaculizaba la entrada de autónomos porque solo podían acceder con un permiso temporal, aunque ejercieran habitualmente su trabajo en la dársena. Además, cargaba contra el plan de incentivos (aparcamientos y oficinas), del que sólo se podían beneficiar empresas con una flota determinada.
El nuevo sistema de autorizaciones, tanto las permanentes (por tres años) como las esporádicas, “no supone discriminación alguna”, ya que pueden acceder a las mismas “cualquiera que disponga de una autorización administrativa para ejercer actividades de transporte terrestre”, según recoge la resolución de Competencia. Los incentivos desaparecen y la asignación de plazas de aparcamiento y oficinas se otorgarán mediante un sorteo.
“El Proatrans solo pretende organizar más efectivamente el transporte y no intervenir en el mercado”, señalan desde Ateia Barcelona. En la elaboración del Proatrans “nunca existió dolo. Se ha buscado el máximo entendimiento con Competencia y la resolución es lógica”, añaden desde la Asociación de Consignatarios de Buques.
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