El presidente de ACE duda de la aplicación de los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector, porque “una regulación de los costes no soluciona nada”, y se opone a las tarifas mínimas.
La Asociación de Cargadores de España (ACE) alerta sobre las dudas que genera entre sus empresas asociadas el anuncio por parte del Gobierno de la futura aplicación de los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del transporte. “Una regulación en cuanto a costes no soluciona nada”, advirtió el presidente de ACE, Carlos Castán, ante los medios de comunicación a la conclusión de la asamblea general de la organización celebrada ayer en las instalaciones de FM Logistic en Illescas (Toledo). En este sentido, el reciente paro del transporte “ha surgido vinculado a la estructura propia del sector del transporte”, matizó.
“Es importante reflexionar sobre las causas de este paro”, apuntó Castán, para el que “ha quedado claro que es un tema básicamente intrasectorial, entre operadores, grandes empresas de transporte y pequeños transportistas”. En esta línea, los cargadores “tenemos un rol, pero creo que hay que hacer una reflexión interna dentro del sector del transporte, entre los propios transportistas, sobre lo que está sucediendo”, aseguró. “Si se ha producido el paro es porque hay algo que no funciona, no hay una transmisión de los precios y hay actores que tienen una rentabilidad muy baja”, aseveró.
Para el presidente de ACE, el problema interno del sector que denuncia “no creo que se solucione con una norma vinculada a los costes, como no se ha solucionado en el sector agroalimentario”. Castán hizo hincapié en la difícil aplicación de unas normas que “como en el caso de la cadena alimentaria tampoco resuelve los problemas, porque son inherentes a un determinado funcionamiento de un sector económico”.
Con relación a las tarifas mínimas, cuya vuelta demandan algunas asociaciones de transportistas, Castán mostró su frontal oposición. “El mercado se adapta a una regulación y acaba funcionando de manera parecida pero con otras herramientas, como pueden ser rápel o descuentos”, augura. En este sentido, “asumamos que la lógica de mercado tiene algunos inconvenientes pero, evidentemente, funciona mejor que una economía planificada”, afirmó.
Impacto del paro
El reciente paro en el transporte “ha tenido un impacto económico enorme, porque se han tenido que cambiar cadenas de suministro, se han parado instalaciones, se han aplicado ERTEs y ha habido ventas perdidas”, relató. El mayor impacto del paro tuvo lugar en la zona norte, Andalucía y en determinados puertos, confirmó Castán.
En este sentido, compartió su valoración positiva en relación con gran parte de las medidas aplicadas por la Administración para paliar la crisis en el transporte, como la publicación semanal del precio del gasóleo, la devolución mensual del gasóleo profesional o los descuentos en los carburantes. También “la ampliación de los créditos ICO es una medida positiva, pero el problema es que, a veces, alargan agonías que quizá no tendrían por qué alargarse”, matizó.
ACE espera que se agilice el calendario para la aplicación de las 44 toneladas en el transporte español contemplada en el Real Decreto de marzo. “Estamos abiertos a discutir diferentes tipos de calendario, pero tenemos dudas de si hay voluntad de que haya un calendario para todo el transporte, por sectores o vinculado al tipo de vehículos. No lo sabemos”, afirmó. En este aspecto, Castán puso el foco en “la modificación de las tarifas en un mercado en el que unas veces se paga por viajes y otras veces se paga por peso, por lo que tiene su intríngulis la adaptación”.
Más información en la edición impresa de Transporte XXI.