Competencia asesta un nuevo golpe al cártel del transporte terrestre en el puerto de Bilbao

Impone multas por valor de más de 7 millones al sindicato Sintrabi y a las empresas C.B. Bilbao, Bidetrans y Transmeta por un “reparto de mercado” y “fijación de precios”.

Competencia asesta un nuevo golpe al cártel del transporte terrestre en el puerto de Bilbao. El Consejo de la CNC impone multas por valor de más de 7 millones al sindicato Sintrabi y a las empresas C.B. Bilbao, Transmeta y Bidetrans por un “reparto de mercado” y “fijación de precios”, una práctica restrictiva calificada de “muy grave”

La Comisión Nacional de la Competencia ha vuelto a asestar un duro golpe al cártel del transporte por carretera en el puerto de Bilbao cuando se cumplen casi diez años de la sanción del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, que ya castigó esta práctica restrictiva, calificada de “muy grave”. El Consejo de la CNC asume la instrucción de la Dirección de Investigación, adelantada por este periódico, y resuelve imponer multas por valor de más de 7 millones al sindicato de transportistas Sintrabi (4,6 millones), y a las empresas C.B. Bilbao (1 millón), Bidetrans (1,4 millones), y Transmeta (casi 333.000 euros), ya sancionados en 2001.

El organismo considera probada su participación, desde 2002 hasta al menos 2006, en el establecimiento de acuerdos encaminados a “controlar el mercado del transporte terrestre” en la dársena, “limitando el número de camiones” que podían acceder a los muelles, “repartiendo los clientes” y “fijando precios y otras condiciones comerciales”. Así se recoge en la Resolución del Consejo, hecha pública recientemente, que declara prescritas las infracciones en el caso de 20 de las empresas implicadas en la investigación, debido a la falta de pruebas a partir de 2005, y la “no acreditación de práctica prohibida” en el caso de Transportes Uribe.

La propia resolución señala, en este sentido, que “existen indicios” de que estas conductas habrían continuado hasta la actualidad, pero “la Dirección de Investigación no ha podido obtener elementos probatorios”. De hecho, una de las empresas afectadas por el cártel camionero relató a Competencia que “en noviembre de 2007, personas pertenecientes a Sintrabi le comunicaron que no podía trabajar en Vizcaya porque no tenía los números y que había que pagar por ellos. Y en caso contrario, los quemarían”. El origen de este nuevo expediente sancionador se remonta a noviembre de 2007, cuando Sintrabi realizó el sorteo de diez licencias, “sin cobertura legal”, para poder operar en el puerto, así como una recomendación a sus asociados para incrementar los precios.

Durante la información reservada, la Audiencia Nacional, que había abierto una causa penal un año antes contra dirigentes de Sintrabi y empresarios de la dársena, dictó en agosto de 2008 un auto en el que se ordenaba el traslado de los informes policiales de la investigación del caso a la CNC, por entender que “las prácticas restrictivas se seguían llevando a cabo” tras la resolución en 2001 del Tribunal de Defensa de la Competencia.

INVESTIGACIÓN POLICIAL
La CNC asume entonces la información manejada por la Audiencia Nacional, que incluye grabaciones telefónicas e informes de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza sobre el resultado de la documentación incautada en las sedes de Sintrabi, Transmeta, C.B. Bilbao y Bidetrans durante las inspecciones realizadas en septiembre de 2006. Tras analizar la información, Competencia abre expediente sancionador el 28 de diciembre de 2009 contra Sintrabi y 25 empresas de transporte. Como ya avanzó este periódico, las conclusiones de la Dirección de Investigación, compartidas ahora por el Consejo, son demoledoras.

“Existió un cártel en el sector del transporte terrestre del puerto de Bilbao organizado en función de la carga transportada -contenedores, general, basculante, cisternas y áridos- a través de las mesas o comisiones de transporte en las que participaba el sindicato Sintrabi junto con distintas empresas de transporte”. “En ellas -añade la resolución- se controlaba el mercado (…) limitando el número de camiones que podían acceder para cargar y descargar en el puerto mediante las llamadas plazas o números y se repartían los clientes”. El informe también revela que “para garantizar que se cumplían estos acuerdos, los miembros de las mesas correspondientes amenazaban y castigaban a quienes los incumplían”.

De hecho, “cada mesa tenía sus propios ‘vigilantes’, miembros de Sintrabi”, encargados de “garantizar que sólo entraban los camiones con plaza”, cuyo “traspaso se hacía previo pago de una cantidad económica (…) bajo la supervisión y autorización de la mesa correspondiente y de los altos cargos de Sintrabi”. Además, “para el mantenimiento de estos ‘números’, los transportistas debían pagar una cuota a la mesa correspondiente, al margen de la cuota sindical”, cuyo cobro gestionaba el sindicato Sintrabi a través de “varias cuentas perfectamente identificadas”.

El ‘caso Sintrabi’ salpica a socios de la Autoridad Portuaria de Bilbao en la mercantil que impulsa un ‘puerto seco’ en Vitoria

La sociedad Servicios Integrales Vitoria Depot, cuyo control tomó recientemente la Autoridad Portuaria de Bilbao para impulsar un ‘puerto seco’ en la terminal ferroviaria de mercancías de Vitoria, vive un nuevo capítulo. El ‘caso Sintrabi’ ha salpicado de lleno a varios de los socios del organismo portuario en la citada mercantil. Hay que recordar que las empresas C.B. Bilbao, Transmeta y Bidetrans, multadas por Competencia con más de 2,7 millones por su participación en el cártel camionero en el puerto de Bilbao, están presentes en SIV Depot a través de Transbidenor y BTL, que detentan el 21,10 por ciento del capital social cada una.

En román paladino, la Autoridad Portuaria, que ha denunciado públicamente la existencia de un cártel que lastra su competitividad, tiene como compañeros de viaje en esta aventura a empresas cuya implicación en estas prácticas restrictivas ha quedado acreditada. Así las cosas, la situación “chirría y se antoja insostenible”, tal y como apuntan fuentes del sector. Este periódico se ha puesto en contacto con el presidente del puerto, José Ramón de la Fuente, que ha declinado pronunciarse hasta conocer el contenido de la Resolución del Consejo de la CNC, aunque sí avanzó que “dada la actual coyuntura económica, no se dan en el puerto de Bilbao las situaciones que se daban hace algún tiempo en el transporte por carretera”. La resolución de Competencia, no obstante, es clara y contundente.

Varias empresas implicadas en la trama alegaron que “todas las comercializadoras actuaban de la misma forma debido a las presiones y extorsiones de Sintrabi”. Al mismo tiempo, criticaron el hecho de que la Dirección de Investigación no tuviese en cuenta la iniciativa de varias empresas de transporte, que pusieron en marcha SIV Depot para “evitar las amenazas y el control” del sindicato, así como las denuncias presentadas después del año 2006 contra Sintrabi.

La Dirección de Investigación, sin embargo, señala que “todo ello evidenciaría que en esa época los intereses de estas empresas podían no coincidir con los de Sintrabi, y que (…) podrían estar adoptando estrategias al margen” del sindicato. Además, continúa la resolución, “aceptándose que antes de 2006 pudieran existir inidicios de presiones al cumplimiento de los acuerdos por parte de Sintrabi, ni C.B. Bilbao, ni Transmeta, ni Bidetrans han presentado prueba alguna (…), por lo que no pueden ser considerada como causa de exculpación”. La pelota está ahora en el tejado de la Autoridad Portuaria de Bilbao.