Sanciona con 43 millones a las asociaciones y denuncia que se fijaron precios y se contingentó la flota de camiones desde 1998.
Competencia ha impuesto multas por valor de 43 millones de euros a las asociaciones y patronales del puerto de Valencia. El organismo ha azotado a la comunidad portuaria y logística con una sanción millonaria e histórica al determinar que se fijaron condiciones desde el año 1998, se repartió el mercado y se contingentó la flota de camiones
La Comisión Nacional de la Competencia ha acordado imponer multas por valor de más de 43 millones de euros a diez entidades relacionadas con el transporte de contenedores por carretera que operan en el puerto de Valencia (ver cuadro adjunto). El organismo, que depende del Ministerio de Economía, ha investigado profundamente el sector, tras abrir un expediente en el año 2011 como consecuencia de tener conocimiento del documento “Principios y compromisos relativos a la normalización de la actividad de transportes de contenedores por carretera en el puerto de Valencia”, más conocido en el sector como “pactos de mayo”.
El mismo fue acordado por todas las asociaciones del sector en 2010, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria de Valencia y la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat. Las investigaciones se ampliaron con registros en marzo de 2011 de las sedes de Transcont y ELTC y el expediente se extendió en junio de 2012, tras recopilar más información, a las terminales de contenedores de la dársena por haber pactado acuerdos de indemnizaciones con las asociaciones de transportistas por las demoras y a la patronal FVET por haber asistido a una reunión para solventar problemas tras una huelga de transportistas.
Tras la documentación incautada en los registros, los investigadores de Competencia encontraron numerosas pruebas de pactos de precios, condiciones comerciales, contingentación de flotas y toda una serie de compromisos adquiridos por las asociaciones de transportistas de la rada, que suponen “una infracción muy grave de las normas de competencia al haber distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada, mediante acuerdos para homogeneizar los precios del transporte y otras prestaciones unidas, incluso de las indemnizaciones por paradas, así como la aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo”.
La CNC determina que para conseguir los fines, las asociaciones de transportistas llevaron a cabo “repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto” y pactaron con el resto de asociaciones sectoriales. En concreto, Competencia asegura en su informe que las asociaciones de transporte desde el año 1998 “acordaron los precios de los servicios mediante tarifarios”, matizando que “las tarifas eran consensuadas con el resto de operadores del puerto”.
La CNC considera acreditado que en los precios del transporte se incluyeron en el puerto valenciano, entre otras partidas, el valor de las indemnizaciones por las paralizaciones en las terminales, la variación del precio del combustible y del IPC de una forma estandarizada por el conjunto de las asociaciones implicadas. La resolución asegura que las asociaciones ELTC y Transcont distribuyeron entre sus asociados pegatinas, adhesivos identificativos con un número, que “tenían la finalidad de facilitar la creación de censos por parte de cada asociación y llevar un control sobre el número de camiones de los asociados, asegurándose que sólo estos camiones identificados operaran en el puerto”. Transcont, ELTC y Transconval “acordaron mantener el número de camiones de sus asociados, impidiendo el crecimiento de los mismos”, según Competencia.
La contingentación se produjo entre los años 2002 y 2008, dice la CNC. Competencia asegura que la Autoridad Portuaria de Valencia “participó junto con el resto de imputados en la adopción de acuerdos”, mientras que la Consejería de Infraestructuras y Transportes “desempeñó un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios”, de acuerdo a su participación en los ‘pactos de mayo’ de 2010. La administración autonómica se ha salvado de la multa porque en otras ocasiones se ha multado a administraciones y la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de la sanción, aclara la CNC.
Por último, la Autoridad Portuaria señala que “no ha llevado a cabo actuación restrictiva alguna de la libre competencia en las actividades de transporte”, matizando que “nuestra actuación, ante un conflicto entre diversos operadores del transporte, ha estado presidida por el objetivo de lograr, mediante el diálogo, propiciar el acercamiento de las partes en conflicto”. Las entidades sancionadas en Valencia por ‘cártel asociativo’ niegan los hechos y meditan recurrir la millonaria multa de la CNC.
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