El informe del CNC no invalida el proyecto de Ley de Puertos, pero lo deja ‘sin argumentos’.
Competencia ha dado un fuerte varapalo a Fomento por su propuesta de modificación de la Ley de Puertos. La CNC denuncia la falta de valor de Fomento para poder progresar en la liberalización de la estiba y critica que se quiera recuperar el control público en las sociedades de estiba. El informe no invalida el proyecto de Ley de Puertos, pero lo deja ‘sin argumentos’
Varapalo a Fomento. El informe emitido por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al anteproyecto de modificación de la Ley de Puertos deja ‘sin argumentos’ y en entredicho la filosofía portuaria del Gobierno de Zapatero impulsada por el organismo público Puertos del Estado. De retroceso a la liberalización, de restricción de la competencia o de parón a la necesaria liberalización progresiva del modelo de estiba son sólo algunos de los calificativos con los que Competencia, que depende de la cartera de la nueva ministra de Economía, Elena Salgado, tacha la segunda propuesta de modificación de la Ley de Puertos de Fomento en dos legislaturas.
El informe de la CNC critica fuertemente que el anteproyecto establezca el carácter de servicio público de los servicios portuarios, los cuales se prestarán en régimen de gestión indirecta, algo que “no representa una mejora con respecto a la opción de la libre prestación” de la 48/2003, que es “el modelo más respetuoso con la competencia”, señalando que “el sistema propuesto supone un aumento en la capacidad de control e intervención de las autoridades portuarias y la imposibilidad de que potenciales entrantes accedan al mercado salvo en determinados momentos”.
Por otro lado, la CNC denuncia la falta de valor del Ministerio de Fomento para poder progresar en la liberalización de la estiba como se inició en la actual Ley de Puertos de 2003. La CNC critica la restricción que supone para la competencia el modelo de estiba basado tanto en sociedades estatales de estiba (SEED) como en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIE). Por un lado, ambas “controlan la mano de obra en contraposición a un modelo de empresas de trabajo temporal en régimen de libre establecimiento” y, por otro, “los trabajadores cuentan con un régimen laboral especial, con condiciones laborales y salariales más ventajosas que el personal común, lo cual impone unos costes adicionales a las empresas prestadoras del servicio”.
El informe de la CNC aplaude el escenario marcado con la Ley 48/2003, “que intenta iniciar, muy tímidamente, la liberalización del modelo, con la sustitución de las SEED por las APIEs”, matizando que “podía entenderse como paso intermedio hacia dicha liberalización”. Por su parte, la CNC reconoce como positivas medidas del anteproyecto como la obligación de un porcentaje de trabajadores en régimen laboral común o la posibilidad de que el servicio de estiba en las autopistas del mar pueda ser prestado por empresas no integradas en la sociedad de estiba, aunque tacha su funcionalidad porque “la sociedad de estiba sigue controlando el acceso de terceros a la prestación del servicio”, al poder ofertar la sociedad de estiba la tarifa máxima que la Autoridad Portuaria fije.
Por último, la CNC señala que la propuesta de conversión de APIEs en sociedades estatales de estiba “no puede sino interpretarse como un parón más o menos indefinido en esa necesaria liberalización progresiva del modelo de estiba”. La CNC no observa que las APIEs deban de volver a ser participadas por las autoridades portuarias.