El Ministerio de Economía sabe que los cárteles de transporte por carretera vinculados al ámbito portuario continúan siendo un grave problema en las dársenas españolas y ha intensificado su ofensiva. Tras las actuaciones llevadas a cabo en los puertos de Bilbao y Barcelona, donde estas prácticas ya han sido investigadas y sancionadas con multas millonarias, era cuestión de tiempo que Competencia entrase en el puerto de Valencia, que, al igual que las otros dos enclaves mencionados, también ha sido objeto de actuaciones judiciales.
El pasado 23 de marzo, inspectores del organismo que preside Luis Berenguer realizaban, por primera vez, registros en las oficinas de la patronal ELTC y la asociación de transportistas Transcont Valencia en una operación conjunta que incluye a organizaciones reincidentes del puerto de Barcelona.
La investigación, como en el caso de Bilbao, donde nuevamente Competencia ha constatado recientemente la existencia de un cártel camionero, liderado por el sindicato Sintrabi y cuyos principales protagonistas ya fueron sancionados en 2001, se centra en posibles prácticas anticompetitvas consistentes en la “fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, reparto de mercado y limitación o control de la producción”.
Las mafias de transportistas, que aún hoy, en pleno siglo XXI, campan a sus anchas por los muelles de las principales dársenas españolas, son seguidas muy de cerca por Competencia. Pero se sigue echando de menos una actuación más contundente de Interior, que no ha puesto toda la carne en el asador para acabar con esta lacra que nos resta competitividad.
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