Considera una “infracción grave” la recomendación de elevar las tarifas realizada por el sindicato vasco de transportistas, que exige el archivo inmediato del expediente abierto.
El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia considera una “infracción grave” la recomendación de elevar las tarifas de transporte realizada por el sindicato de transportistas Hiru, que exige el “archivo inmediato” del expediente. La organización podría tener que hacer frente a una multa de hasta el 5% de la facturación de sus afiliados
El sindicato de transportistas Hiru podría tener que hacer frente a una multa de hasta el 5 por ciento de la facturación de sus afiliados. El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia considera una “infracción grave” la recomendación de elevar las tarifas de transporte efectuada por la organización, que exige el “archivo inmediato” del expediente abierto, actualmente en fase resolutoria ante el Tribunal de la Competencia. La sanción podría acarrear una multa de entre 500.000 y 10 millones de euros, según destacaron fuentes del sindicato.
No obstante, con el precedente de la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi), multada con 250.000 euros -el 0,1 por ciento de las ventas estimadas de sus miembros- por realizar dos recomendaciones colectivas de subida de precios, la cuantía de la sanción a Hiru, que tiene una representación similar a la patronal vizcaína, podría quedarse en la mitad, según apuntaron expertos en Defensa de la Competencia consultados por este periódico.
Con todo, el sindicato Hiru, que rechazó el procedimiento de reducción pactada de la multa, advierte que una sanción de este tipo, independientemente de la cuantía, “abocará al sindicato al cierre, ya que para una central pequeña es imposible hacer frente a una sanción económica de estas características”. El origen del expediente abierto a Hiru se remonta a una rueda de prensa celebrada en enero del pasado año, en la que representantes de la organización, tomando como referencia el Observatorio de costes de Fomento, recomendaron a sus afiliados elevar los precios de transporte un 5 por ciento “para poder desarrollar la actividad en condiciones dignas”.
La portavoz del sindicato, Estitxu Ugarte, reconoció que “el delito concreto es haber utilizado la palabra recomendar” y lamentó que “se anteponga el uso de una palabra a años de trabajo por un modelo de transporte para imponer sanciones imposibles de asumir”. El sindicato, que insiste en que el expediente abierto por Competencia “no tiene ni pies ni cabeza, ataca el derecho de los transportistas autónomos a reivindicar unas condiciones de trabajo dignas y pone en peligro el futuro de la organización”, confía en que el expediente concluya finalmente sin multa, al entender que “el Tribunal de Defensa de la Competencia debe perseguir conductas contrarias a la libertad de mercado y la libre competencia y no al uso de términos concretos, más o menos desafortunados”.
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