Las dos asociaciones de transporte de contenedores que operan en la dársena de Barcelona, multadas con 14,94 millones de euros, recurrirán ante la Audiencia Nacional.
El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia ha multado con 14,94 millones de euros a ALTC y Transcont por crear un cártel para monopolizar el transporte de contenedores en el puerto de Barcelona. Se dan todos los elementos de un cártel: acuerdo de precios, reparto del mercado y represalias para quien no lo cumple
El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia ha sancionado con una multa de 7,34 millones de euros a Transcont, la asociación de transportistas autónomos que opera en el puerto de Barcelona, y con otra de 7,6 millones a ALTC, que agrupa a las empresas de transporte, por vulnerar el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia al actuar como un cártel acordando ambas la fijación de tarifas de referencia para el transporte de contenedores en la instalación. La resolución considera probado que tanto ALTC como Transcont funcionaban como un cártel, “con todas las características que les son propios”.
Es decir, “acuerdo de precios, reparto de mercado, represalias contra quienes rompen los acuerdos del cártel y boicot frente a los ajenos”. No sólo se pactaron tarifas. En el caso concreto de Transcont, “exigió” a sus asociados que “realizasen la facturación a sus clientes a través de la asociación, con el objetivo de controlar tanto las tarifas aplicadas como el volumen de trabajo realizado”.
Tanto las juntas directivas de ALTC como de Transcont “establecieron límites a la producción” con la concesión, mediante venta o alquiler, de “distintivos para colocar en los vehículos de forma tal que únicamente sus poseedores pudieran acceder al mercado”. Los socios de ALTC “no sólo no disponen de plena libertad para decidir el tamaño de su flota”. Además, sus planes de expansión “deben ser sometidos” a la aprobación de su propia asociación y de Transcont. La organización de autónomos exigía a los no asociados la firma de unos acuerdos de colaboración para acceder a trabajar en el puerto.
Éstos tenían que pagar un “donativo” y facturar a través de Transcont, entre otras obligaciones. El cártel formado por Transcont y ALTC tiene “unos perfiles tan claros” que podría servir de ejemplo “para los estudiantes de la materia”, señala la resolución del Consejo. Un cártel creado con el objetivo de controlar el transporte por carretera de contenedores en el puerto de Barcelona “para repartirse dicho mercado” entre los miembros del mismo. “Los instrumentos empleados en la consecución de dicho fin son numerosos y todos ellos típicos de un acuerdo de cártel”.
La resolución del organismo de la Competencia se produce a raíz de la denuncia presentada en el año 2005 por Ametraci, asociación de pequeñas empresas y autónomos que también opera en el puerto, contra Transcont por vandalismo, atentado contra la libre competencia y monopolio. Las investigaciones del entonces Servicio de Defensa de la Competencia acabaron incluyendo a ALTC. Competencia pidió información al puerto, documentación que ha sido crucial para probar el cártel. Contra la resolución no se puede recurrir por vía administrativa. ALTC y Transcont han anunciado que recurrirán a lo contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional.
Para Transcont, la resolución “es injusta y nos trata como a delincuentes”, aseguró Amador Moreno, nuevo presidente de Transcont tras dimitir el anterior responsable el pasado 4 de abril. “Agotaremos la vía judicial hasta donde podamos. La multa es excesiva y puede provocar el cierre de empresas”, señaló Vicente Ortiz, presidente de ALTC. Para Ametraci, la resolución “es muy lograda. Hay una voluntad de trabajo muy efectiva por parte del Consejo de la Comisión Nacional de Competencia”. Este organismo es el segundo varapalo que da a un cártel del transporte de contenedores en un puerto español. El primero fue en 2005 a Sintrabi, que opera en el puerto de Bilbao. Esta asociación recurrió y ahora el caso está en el Tribunal Supremo. Transcont y más en concreto la ex junta directiva encabezada por Antonio García tiene otro frente abierto por presunta asociación ilícita y extorsión.
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