El organismo sospecha que existe fijación de precios y reparto de mercado en un sector atomizado e incapaz de repercutir costes.
El transporte frigorífico por carretera vuelve a estar en el punto de mira de Competencia tras abrir una investigación por una posible “fijación de precios” y “reparto de mercado” en un sector incapaz de repercutir costes, con unas cuentas muy alejadas de la rentabilidad que proporcionaría una supuesta cartelización, como sospecha la CNC
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) vuelve a poner los focos sobre el transporte frigorífico por carretera tras abrir una nueva investigación por una posible “fijación de precios” y un “reparto de mercado” del sector en España, con unas ventas de 1.500 millones en 2010, según los datos extraídos de los ‘libros blancos del transporte’, que elabora TRANSPORTE XXI. Fuentes conocedoras de la investigación confirmaron a este periódico que el organismo regulador realizó los días 11 y 12 de diciembre inspecciones simultáneas en las empresas Armesa y Suditrans, dirigidas por los presidentes de las dos principales patronales de ‘frío’, José María Arnedo (Atfrie) y Pedro Díaz (Froet- CETM), respectivamente, y en las citadas asociaciones, así como en Astic, que comparte sede con Atfrie.
Los inspectores accedieron a la documentación de los archivos de las dos compañías y de las asociaciones, revisaron los ordenadores, correos electrónicos y teléfonos móviles de sus directivos e hicieron copias de la información hallada en busca de pruebas de posibles prácticas colusorias de la competencia. Además, la Dirección de Investigación envió un requerimiento a 34 empresas en el que exige información sobre su estructura empresarial, ingresos y evolución de la flota en los últimos años, entre una larga lista de preguntas, según documentación de Competencia a la que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI. Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva, según explica la CNC a través de un comunicado. En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, ya que estas conductas se consideran como una “infracción muy grave”.
La multa podría llegar hasta el 10 por ciento de la facturación de las empresas infractoras. Una sanción que supondría un duro golpe a la maltrecha economía de las empresas del sector, muy lejos de la alta rentabilidad que proporcionaría una supuesta política de cartelización del mercado, que es la que sorpresivamente intuye Competencia, y que podría abocar a más de una al cierre de su negocio. La investigación, que coincide con el arranque de la campaña de este año, ha caído como un jarro de agua fría en el sector y las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de la patronal Atfrie, José María Arnedo, aseguró estar convencido de que “no hay caso” para abrir un expediente sancionador por prácticas restrictivas a la competencia, ya que “no se habla de precios y no existe un control del mercado”.
Arnedo subrayó, en este sentido, la fuerte competencia entre las empresas de transporte frigorífico, que manejan una flota de más de 11.000 conjuntos articulados, “como para pensar que se puedan respetar acuerdos de precios en el sector, incapaz -añadió- de repercutir sus costes”. De hecho, el presidente de Atfrie recordó que “son los cargadores los que fijan el precio de cada campaña”, por lo que exige a Competencia que controle a los usuarios del transporte. Arnedo también criticó con dureza que “no se pueda hablar de costes o de precios”, por el temor a una actuación de Competencia, la “inquisición moderna”, cuando “es el propio Ministerio de Fomento el que publica periódicamente observatorios al respecto”.
Investigación abierta en pleno arranque de campaña
No es la primera vez que el transporte frigorífico está en el punto de mira de Competencia, que ya abrió una investigación a finales de 2008. En aquella ocasión, la Dirección de Investigación tenía sobre lamesa un comunicado conjunto de las principales patronales de frío, la nacional Atfrie, la murciana Froet, integrada en CETM, y la valenciana Fvet, que recogía la decisión adoptada por los empresarios de reducir su flota en un 30 por ciento ante la crítica situación del sector, con una caída de la actividad próxima al 40 por ciento. El asunto quedó, finalmente, en agua de borrajas. En esta ocasión, las hipótesis barajadas son varias. Fuentes del sector creen que la nueva investigación del organismo regulador, en pleno arranque de campaña, podría tener su origen en una reunión celebrada a principios de septiembre en Atfrie, en la que participaron cerca de 40 empresarios. En el encuentro, convocado por las empresas, se analizaron diferentes fórmulas jurídicas, “sin vulnerar la competencia”, para ganarmúsculo empresarial. Precisamente, uno de los objetivos de los planes estratégicos de Fomento. La creación de una franquiciadora o una agrupación de interés económico para ganar volumen fueron algunas de las opciones analizadas, según señalaron a este periódico fuentes conocedoras de la reunión, que sostienen que “no se habló en ningún momento de precios ni de tarifas”. Otras fuentes, no obstante, apuntan la posibilidad de que la investigación responda a la Asamblea de Alicante, en la que se presentó el Observatorio de Costes del sector, que no deja de ser una “actualización” del de Fomento o, incluso, que exista una denuncia.