La sentencia de la Audiencia Provincial, que será recurrida ante el Supremo, declara la disolución de la asociación de transportistas autónomos del puerto de Barcelona.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete años de cárcel al ex presidente de Transcont Barcelona, Antonio García, y a seis años a otros cuatro miembros de la organización por asociación ilícita y extorsión continuada. El fallo judicial absuelve a otros dos acusados. La sentencia, que no es firme, declara la disolución de Transcont
El tribunal de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un total de 31 años de cárcel a tres miembros de la ex junta directiva y dos socios de Transcont Barcelona por los delitos de asociación ilícita y extorsión continuada. Absuelve a dos de los siete acusados y declara la disolución de la asociación de transportistas autónomos que opera en el puerto de Barcelona. La sentencia no es firme y, por lo tanto, no se cumplirá hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, al que ya ha anunciado que recurrirá la defensa de los acusados.
El ex presidente de Transcont, Antonio García, alias El Pistolas, ha sido condenado a siete años de cárcel, dos por asociación ilícita y cinco por extorsión. Manuel Martorell, ex vicepresidente, José María Bragado, ex vocal, y los socios Luis Valverde, alias Espinete, y José Luis Pulido, alias El Puma, se enfrentan, cada uno, a penas de seis años de cárcel, uno por asociación ilícita y cinco por extorsión.
La sentencia exculpa a Rafael Alcántara, antiguo secretario, y Rafael Molina, ex vocal, al “no resultar suficientemente acreditada su participación en los hechos, ni su conocimiento de los mismos”. La fiscalía pedía un total de 50 años de prisión para los siete acusados por los mismos delitos. El tribunal considera probado que los cinco condenados, “en unión de otras personas no objeto del juicio”, formaron un grupo “con cierta organización y reparto de funciones” para “obtener un beneficio patrimonial ilícito”. El objetivo de este grupo, que actuó, “al menos”, entre 2004 y 2006, era que los transportistas autónomos que trabajaban en el puerto de Barcelona se integraran en Transcont.
Para entrar en la asociación, los transportistas tenían que firmar con García un contrato de colaboración, que no les daba ningún derecho a participar en la misma, “pero por el que tenían que pagar 6.000 euros” por vehículo para contar con un número de Transcont. Las transacciones económicas se realizaron a través de la sociedad BCN S.L., creada por García y Martorell. Los acusados utilizaron la estructura asociativa de Transcont y BCN para establecer “el monopolio en el transporte terrestre de autónomos en el puerto de Barcelona”.
El grupo realizó “acciones de amenazas, daños, coacciones y violencias” a aquellos transportistas “que fueran reticentes o no accedieran a sus pretensiones”. Las coacciones se extendieron a las empresas para que únicamente contrataran a personal de Transcont e, incluso, a directivos de la Autoridad Portuaria, como quedó reflejado en las declaraciones, en calidad de testigos, del ex presidente del puerto, Joaquim Coello, y del entonces responsable del transporte en la dársena, Adolf Romagosa. García y Martorell “eran quienes dirigían y controlaban la asociación”, aunque no se les puede “achacar la materialización de daño o quema alguna de los camiones incendiados”.
Los otros tres acusados “eran miembros activos”, que “controlaban transportistas” y “coaccionaban”. Los acusados tendrán que devolver el dinero a los cinco transportistas que declararon en el juicio que fueron coaccionados para entrar en Transcont, responsable civil subsidiaria, y pagar por los números.
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