Los administradores concursales no se pronuncian sobre la viabilidad del grupo.
El grupo Contenemar, cuya cabecera y principales filiales se encuentran en situación concursal desde el pasado septiembre, echa balones fuera a la hora de explicar las causas de su insolvencia, según se recoge en los informes de los administradores concursales a los que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI. Las empresas de la familia Seguí no sólo se escudan en la crisis y en el cerrojazo del crédito bancario a la hora de motivar su insolvencia, sino que apuntan con descaro a terceros. En el caso de la cabecera Contenemar, con un un pasivo de 88,5 millones y un quebranto patrimonial de 16 millones, cifras reconocidas por los administradores concursales en su informe del pasado 1 de diciembre, el accionista dispara contra la Dirección General de la Marina Mercante, que prohibió al armador operar con barcos en puertos extranjeros.
Contenemar, que venía operando con sus barcos entre la Península y Canarias, también se escuda “en la bajada del precio de los fletes como consecuencia de la competencia desatada por la menor demanda de servicio (en el período de crisis) y por la entrada en el mercado de nuevos actores”. Esta aseveración choca con las prácticas comerciales de Contenemar, ya que, como aseguró su presidente Andrés Seguí en declaraciones a este periódico en mayo de 2009, sólo dos meses antes de declararse insolvente, “yo siempre digo que nosotros no somos activos en el precio. Tenemos una cuota y vendemos al precio que podemos”.
Enmendar la plana No obstante, en su informe, los administradores de la concursada le enmiendan la plana: “Esta sociedad, con independencia de la crisis crediticia que están sufriendo actualmente incluso empresas rentables, habría tenido problemas financieros en una situación de mercado financiero normal. Su insuficiente nivel de fondos propios hace depender su operación de manera excesiva en el crédito a corto plazo, al tener fondo de maniobra negativo”.
Y es que el fondo de maniobra de Contenemar, que en 2005 era positivo (239.117 euros) aunque excesivamente bajo para una empresa que tenía entonces unos ingresos de 129 millones, evoluciona de forma negativa desde 2006 hasta convertirse en un agujero de 8,9 millones en 2008, cuando facturó 135 millones y tuvo unas pérdidas netas de 11 millones. Entre 2005 y 2007, Contenemar tuvo beneficios por valor de 8,6 millones. El acuerdo con Trasatlántica La mercantil que preside Seguí sí reconoce un error en la adquisición del fondo comercial de su competidora Trasatlántica a mediados de 2008, que también incluía la subrogación de leasing de 1.700 contenedores y el fletamento con opción a compra de los dos portacontenedores de esta última.
Poco después, Contenemar rompió el acuerdo con Trasatlántica, lo que dio lugar, asegura la concursada, al pago de indemnizaciones. Lo cierto es que Compañía Trasatlántica Española, propiedad de Javier Villasante y en situación preconcursal, es el segundo acreedor de Contenemar, con dos créditos ordinarios por valor de de 3,3 millones reconocidos por los administradores, aunque el importe comunicado por la primera roza los 10 millones. De hecho, Trasatlántica tiene interpuesta una demanda contra Contenemar por 5 millones, según el informe de los administradores.
Lo mismo que ocurre con Trasatlántica pasa con otros acreedores de Contenemar, por lo que los administradores concursales no consideran definitivos ni el déficit patrimonial consignado de 16 millones ni el pasivo exigible de 88,5 millones, a la espera de futuros créditos y del resultado final de pasivos contingentes como el de Trasatlántica. De hecho, el importe comunicado por los acreedores de Contenemar asciende a 123,5 millones, 35 millones más que los hasta ahora reconocidos por los administradores, con lo que el quebranto patrimonial de la concursada puede ser aún mayor.
Cabe destacar que Contenemar, que fue financiador neto del grupo, ha terminado siendo financiado por este último, hasta el punto que 36,1 millones del total del pasivo exigible, es decir, el 40,8 por ciento, corresponde a sus filiales. Como bien recoge el administrador concursal es la pescadilla que se muerde la cola porque las 60 filiales del grupo prestaban casi servicios en exclusiva a las armadoras Contenemar e Iscomar, está última también en concurso de acreedores, que eran las que generaban el negocio. Hoy, por ejemplo, el fondo de comercio de Contenemar está valorado en cero euros y su masa activa, descontados los 22,4 millones que también le adeudan sus filiales, cantidad de muy dudoso cobro, es de 50 millones, gran parte en inmovilizado material.
A pesar de esta precaria situación, el accionista ha comunicado a los administradores concursales que “la sociedad se plantea ir reabriendo con barcos alquilados, más baratos de operar que los propios en las antiguas líneas, aprovechando la fuerza comercial de su marca y su organización, pero dando prioridad a la rentabilidad”, todo ello después de haber retirado el convenio de acreedores que acompañaba a la solicitud de concurso de julio de 2009. En su informe, la administración concursal asegura que “no puede pronunciarse sobre este plan hasta que no esté concretado con cifras provisionales basadas en cálculos actuales”.
El resto de concursadas Seguí también echa balones fuera a la hora de motivar la insolvencia de sus estibadoras Terminales del Turia y Estibadora de Ponent, ubicadas en los puertos de Valencia y de Barcelona, respectivamente. Estibadora de Ponent, con un pasivo exigible de 24 millones, indica que las dos primeras causas de su insolvencia son “los problemas técnicos en la construcción de las instalaciones de la concesión del puerto de Barcelona, que hicieron incurrir a la concursada en mayores costes de los previstos” y “los considerables daños materiales provocados por causas naturales (temporales y vientos) en diciembre de 2008 y enero de 2009, que han supuesto costes y paralizaciones”.
Terminales del Turia, que cuenta con un pasivo exigible de 12 millones, relata que “en los últimos años ha visto perjudicada su operación por la restricción parcial del uso de la concesión a causa de diversas obras en el puerto de Valencia”, hasta el punto de “reclamar los perjuicios sufridos a la Autoridad Portuaria”. En ambos casos, el administrador concursal opina que “el factor más importante causante de la insolvencia es su dependencia comercial y sobre todo financiera del grupo”.
Pero no como receptoras de financiación del grupo, sino como prestadoras netas. De hecho, Estibadora de Ponent, con unas ventas de 10,6 millones en 2008 y con beneficios entre 2005 y 2007, tiene un saldo a cobrar de 7,3 millones por parte del grupo. Terminales del Turia, con una facturación de 8,4 millones en 2008 y beneficios hasta 2007, tiene pendiente de cobro una deuda de 8,6 millones del grupo.
La viabilidad de ambas mercantiles y de Terminal de Contenedores de Vilagarcía, también en concurso, es casi imposible, ya que las respectivas Autoridades Portuarias les han retirado la licencia para operar en sus dársena y están en trámites para recuperar las concesiones otorgadas. Estas concesiones, el principal activo de las concursadas, tienen un valor de 42,5 millones.
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