Una mayoría de las autoridades portuarias van a dar el paso que marca la vigente Ley de Puertos transformando las sociedades estatales de estiba en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, con la privatización del modelo gerencial de los recursos humanos en los puertos españoles.
Es el momento para preguntarse si los puertos lo llevan a cabo con la convicción de que es un buen modelo o si han podido más las presiones de Coordinadora que las de Puertos del Estado.
De todo hay. Unos creen y otros ya piden seguir con voz y voto. Con la autonomía de gestión que deberían tener las autoridades portuarias si hubiera sido el de las APIEs su modelo ideal, el mismo ya tendría que estar en marcha en muchos puertos desde hace meses. Cierto es que la negociación con el organismo público que preside Mariano Navas de planes directores, fondos europeos o modificación de concesiones, ha sido una de las claves del retraso.
Pero una vez atado, el paso al nuevo modelo de estiba se debería haber hecho con libertad. Pero, no fue así. Vino Coordinadora para apresurar a los puertos, obligándoles a no caer en la prevaricación, con una huelga para que apostarán por la legalidad.
Estamos en un escenario, donde, tras el fracaso de Puertos del Estado, un sindicato ordena a las autoridades portuarias el cumplimiento de una ley. Y todo bajo la atenta mirada de las empresas de Anesco. Ahora será la patronal la gran y directa responsable de lo que pase en la estiba. Negociación, legalidad, rigor, transparencia y defensa del interés general son sus retos. Es el camino para instaurar en un futuro cercano la libertad de contratación: la modernidad.
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