La empresa pública no cubre costes en 33 de sus 204 contratos millonarios, mientras las privadas reclamarán daños y perjuicios.
Correos sigue recurriendo al dumping en sus contratos con grandes clientes, según indica un informe de la Dirección de Investigación de la Competencia. El organismo ha incoado expediente sancionador a la pública por este motivo, mientras que las empresas privadas anuncian que reclamarán daños y perjucios
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra el operador postal público Correos por incumplimiento del Acuerdo de Terminación Convencional que firmó en 2005 con la patronal de los operadores postales privados Asempre y en el que Competencia era el garante de su cumplimiento. Este acuerdo, pionero en su momento, venía a resolver amistosamente la denuncia presentada por Asempre contra Correos en el año 2002 ante el entonces Servicio de Defensa de la Comptencia (SDC) por la aplicación de una política de precios predatoria en sus contratos con grandes clientes.
El acuerdo de terminación convencional establecía que la pública “se compromete a garantizar que los precios de sus servicios a grandes clientes, una vez aplicados los descuentos, cubran los costes reales de las prestaciones y adaptará los contratos en la medida en que fuera necesario”. Sin embargo, los operadores privados, que reconocen que Correos cumplió el acuerdo hasta 2008, comprobaron como la pública había vuelto a las andadas en 2009.
De esta manera, instaron a la CNC para que profundizara en la política de precios que estaba llevando a cabo el operador postal público. Como consecuencia, la Dirección de Investigación de la CNC ha presentado un informe en el que señala que se han detectado indicios de que Correos está incumpliendo los términos del compromiso recogido en el acuerdo de terminación convencional.
En concreto, la investigación ha arrojado descuentos irregulares en 33 de los 204 contratos de la pública con grandes clientes. En la categoría de grandes clientes se incluyen todos aquellos que representan una facturación anual superior a los 100.000 euros, aunque según fuentes de Asempre, los 33 contratos en los que Correos estaría aplicando esta política de precios predatorios serían los de mayor calado, es decir, contratos que rondarían en muchos casos los diez millones de euros al año.
El informe de la Dirección de Investigación de la CNC cuenta presumiblemente con pruebas muy consistentes, ya que este organismo puede cruzar los datos de la contabilidad analítica del operador público y de sus contratos con grandes clientes. En todo caso, se abre ahora un período de alegaciones y la solución definitiva del expediente se espera que tenga lugar en el plazo de seis meses.
Desde el sector privado se ha recibido con satisfacción la incoación del expediente sancionador, aunque “también estamos cansados de que se nos dé la razón y no sirva después para nada”, por lo que, al margen de una probable sanción económica al operador público, “esta vez vamos a ir a por todas, porque con estos incumplimientos es casi imposible que un operador privado pueda acceder a los grandes clientes, al trabajar la pública por debajo de costes, para que después sea el Estado y por extensión todos los españoles los que tengamos que asumir las pérdidas derivadas”.
De esta manera, desde la patronal Asempre se tiene que claro que van a reclamar daños y perjuicios y que “si tenemos que ir por vía penal, así lo haremos”. Por otro lado, la patronal va a instar al cumplimiento inmediato de la resolución del Tribunal Supremo de junio de 2010 que ratificaba la condena de Competencia a Correos por abuso de posición dominante. Esta sentencia, que tiene su origen en otra denuncia de Asempre, fija una multa a la pública de 8,14 millones.
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