La alargada mano del lobby de las concesionarias y constructoras vuelve a planear sobre la frágil cabeza del transporte por carretera. Desde el propio sector de las empresas concesionarias de autopistas se está apuntando que el Gobierno de Mariano Rajoy empieza a ser cada día más proclive a escuchar sus propuestas en torno a la adopción en un futuro no muy lejano de medidas sobre la tarificación por uso de las infraestructuras de transporte.
De hecho, presumen de llevarle bien hechas las cuentas al Ejecutivo. Por ejemplo, convertir en concesional por 30 años el conjunto de la red viaria de alta capacidad actualmente libre de peajes representaría un potencial de ingresos cercano a los 14.000 millones de euros.
Por su parte, la aplicación de la euroviñeta a los vehículos pesados generaría unos ingresos anuales recurrentes al Estado de 1.700 millones de euros. Además, la extensión de la euroviñeta a los vehículos ligeros conllevaría unos ingresos combinados de 4.400 millones y la liberación de partidas de los presupuestos públicos en la construcción, mantenimiento y explotación de la red superaría los 3.300 millones de euros anuales.
Se trata de cifras de trazo grueso, hasta grosero, que obvian la millonaria contribución del sector del transporte por carretera al Estado, que se eleva a 10.000 millones de euros al año sólo por el impuesto de hidrocarburos, pero que amenazan con ir calando como gota malaya en el seno de un Gobierno cada vez más dominado por sus propias ansias recaudatorias.
El sector supo parar un primer golpe en el seno de la propia CEOE, en una maniobra rápida y eficaz, pero el peligro como se puede apreciar continúa latente.
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