El Tribunal Vasco ya sancionó este año a la patronal Asetravi con 250.000 euros por ‘animar’ a sus asociados a elevar los precios.
Sintrabi podría tener que hacer frente a una sanción económica por recomendar alzas de precios. Defensa de la Competencia investiga las declaraciones del sindicato para determinar si ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia. El Tribunal Vasco ya sancionó a la patronal Asetravi con 250.000 euros por recomendar subir tarifas
El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia ha iniciado una investigación contra Sintrabi, sindicato que agrupa a la mayor parte de los transportistas que operan en el puerto de Bilbao, por recomendar a sus afiliados alzas de precios. El sindicato ‘animó’ a finales del mes de noviembre a sus asociados a elevar las tarifas de transporte a partir de enero para paliar los efectos negativos de la subida del precio del gasóleo. Sintrabi advertía a los transportistas que la subida era “totalmente necesaria para seguir teniendo beneficios”. Esta recomendación podría acarrear a Sintrabi una sanción económica por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia.
En concreto, el artículo 1. Esta apartado de la ley “prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”. Hay que recordar, que el Tribunal Vasco de la Competencia ya impuso este mismo año a la patronal vizcaína de transportistas Asetravi una sanción de 250.000 euros (más de 41 millones de pesetas de las antiguas pesetas), por recomendar alzas de precios a sus asociados, que la patronal recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Si finalmente la actuación de Sintrabi acarrea una sanción se sumará a la impuesta hace unos años por la Audiencia Nacional, que multó al sindicato con cerca de 600.000 euros (100 millones de pesetas) por prácticas restrictivas a la libre competencia en el puerto de Bilbao. Este fallo se producía como resultado del recurso contencioso administrativo presentado por Sintrabi contra la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, de fecha 19 de diciembre de 2001, y que establecía cuatro infracciones graves llevadas a cabo por Sintrabi en el recinto portuario con una multa global de 1,2 millones de euros.
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