Denunciada la sociedad de capital riesgo N+1 por quiebra fraudulenta del ‘engendro’ Bestin

Los administradores del operador logístico se enfrentan a una acusación por presuntas irregularidades en la gestión y la descapitalización de sus dos filiales, ITS y Barnatrans.

Una denuncia por quiebra fraudulenta del ‘engendro’ Bestin salpica a la sociedad de capital riesgo N+1, que ya se ha desprendido del operador. Los administradores del grupo logístico se enfrentan a una acusación por presuntas irregularidades en la gestión y la descapitalización de sus dos filiales, las transitarias ITS y Barnatrans

La malograda aventura en el sector logístico de la sociedad de capital riesgo N+1, que en abril de 2008 se hizo con el control de Bestin Supply Chain y adquirió la totalidad de las acciones de las transitarias Integral Transport Service (ITS) y Barnatrans, continúa llenando titulares. El ‘invento’ del empresario catalán José María Puig Valls, que acabó en un proceso concursal en menos de dos años, vive un nuevo capítulo tras el reciente acuerdo alcanzado para solventar la deuda de más de 75 millones, que incluía una quita del 50 por ciento.

Uno de los acreedores reclama la declaración del concurso como culpable (antigua quiebra fraudulenta) contra los administradores de la compañía por presuntas irregularidades en la gestión y la descapitalización de las filiales ITS y Barnatrans, “provocada por la gestión interesada de José María Puig Valls, que procedió a desviar fondos de las sociedades a otras relacionadas con éste”. Así se recoge en el escrito de alegaciones que el antiguo propietario de ITS, Aurelio Herranz, ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, que tramitó el proceso concursal de Bestin Supply Chain, ITS y Barnatrans, al que ha tenido acceso este periódico.

La denuncia señala como responsables a las personas que componían el órgano de administración del operador y salpica de lleno a la sociedad de capital riesgo N+1, pese a que ya se ha desprendido de Bestin, en manos ahora de su equipo directivo. El antiguo propietario de ITS pide la inhabilitación de los afectados para administrar los bienes ajenos durante un período de 2 a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona en el mismo período. Solicita también condenar a los administradores a “pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa”.

Entre las actuaciones “maliciosas o gravemente negligentes” que desembocaron en la insolvencia, el documento destaca el sobreendeudamiento de Bestin con la adquisición de ITS y Barnatrans, que superó lo 50 millones. Para hacer frente a la operación, según refleja el informe del administrador concursal, el operador se sirvió de sucesivas ampliaciones de capital por importe de 1.591.990 euros, préstamos participativos por 30,5 millones y un sindicato bancario por 25,8 millones.

Sin embargo, agotado el crédito por la crisis, el antiguo propietario de ITS denuncia que “la concursada empleó las disponibilidades financieras de sus dos filiales”, abocando a éstas a una “dramática falta de liquidez y la imposibilidad de asumir sus obligaciones”, lo que abocó al concurso de acreedores. La denuncia aporta varias pruebas documentales en las que se constata que Bestin detrajo de ITS una cantidad cercana a los 4 millones y de Barnatrans otra que superaba el millón de euros para hacer frente a las obligaciones asumidas con sus financiadores.

Un “expolio” que “se trató de ocultar bajo una fusión por absorción” de ITS y Bestin, que no llegó a ser efectiva, y que produjo la desaparición del llamado ‘fondo de maniobra’. Como consecuencia, sigue el escrito, “comenzaron las demoras en los pagos, se perdió la confianza de los clientes y de los propios empleados, que abandonaron en masa la compañía, arrastrando prácticamente a la totalidad de los clientes”. En concreto, entre los meses de agosto de 2008 y septiembre de 2009 se dieron de baja voluntariamente de las compañías ITS y Barnatrans aproximadamente un 20 por ciento de su plantilla, que representaba el 50 por ciento de la producción de las mismas.

Esta situación provocó el deterioro de los activos financieros de Bestin, que ascendió a más de 16 millones de euros, lo que se tradujo posteriormente en unas pérdidas de más de 23 millones, según recoge la denuncia de quiebra fraudulenta. El documento también hace hincapié en la “temeraria gestión de las compañías, que provocó el incremento de gastos, la caída de las ventas de las filiales y la pérdida de clientes”.

Igualmente, apunta “intencionalidad y pleno conocimiento de los directivos”, que fueron sucesivamente advertidos por los propios trabajadores de las consecuencia de su pasividad. Esta circunstancia se aprecia en varios correos electrónicos remitidos a los consejeros del operador logístico, en los que se explica la “alarmante” situación, “porque los gastos financieros son tal altos que nos penaliza absolutamente todo el trabajo, y merma nuestra tesorería cada mes”.

En cuanto a las presuntas irregularidades en la contabilidad, el escrito se remite al informe concursal, que señala la “existencia de activos en las cuentas de inmovilizado material, cuyo activo no es ya propiedad de la concursada o bien cuentas bancarias que no están conciliadas con las entidades bancarias”.

Además, tampoco se facilitó la totalidad de la documentación soporte solicitada para realizar la verificación de la existencia de los saldos incluidos en el balance de sumas y saldos. “Extremos que, por sí solos -según concluye el escrito de alegaciones-, constituyen la necesaria declaración del concurso como culpable”.

Una gestión “temeraria” a golpe de ‘visa oro’

El antiguo propietario de la transitaria Integral Transport Service, Aurelio Herranz, lo tiene claro y apunta como una de las principales causas del fracaso del ‘engrendo’ Bestin a la gestión “temeraria” de los administradores, “sin experiencia” en el negocio transitario y con “retribuciones injustificadas y desmesuradas”, que superaban elmillón de euros anuales.

El escrito de alegaciones señala, en este sentido, que “la situación de insolvencia ha sido agravada” por la gestión de José María Puig, ex consejero delegado de Bestin, que “desvió fondos de las sociedades concursadas a otras en las que éste mantenía intereses, como Ulled Asociados Consejeros de Relaciones Públicas”, en la que cesó días después de la compra de ITS y Barnatrans.

En concreto, esta sociedad facturó a Bestin en 2008 la cantidad de 205.000 euros y en 2009 cerca de 45.500 euros, según los extractos de contabilidad aportados en el escrito. Amodo de ejemplo de esta particular manera de gestionar una compañía a golpe de ‘visa oro’, la denuncia destaca el gasto de 20.000 euros en la inauguración de una nave de 30.000 metros cuadrados en Sallent (Barcelona).

A pesar de que no acudieron más de una treintena de personas, los administradores “decidieron la contratación de un catering, el alquiler de autobús, billetes de AVE y avión para la asistencia de los directores de cada delegación”. Una forma de actuar impropia de un grupo que estaba “ahogado en cuanto a fondo de maniobra y que había sido descapitalizado, tanto en lo económico como en lo humano”, y que desembocó en los respectivos procedimientos concursales.