La Abogacía del Estado advierte a la dársena que preside Valls que podría haber incurrido en los delitos de falsificación de documento, fraude, malversación y estafa.
La Fiscalía investiga un presunto fraude durante la construcción del dique Este del puerto de Barcelona. La Autoridad Portuaria habría pagado entre 17,52 y 31,32 millones de euros de sobrecoste por un material, escollera, que no se utilizó. La Abogacía del Estado detecta cuatro presuntos delitos: falsificación, fraude, malversación y estafa
La Fiscalía investiga un presunto fraude durante la construcción de una de las obras de ampliación del puerto de Barcelona, la prolongación del dique de abrigo Este. La Autoridad Portuaria podría haber pagado un sobrecoste de entre 17,52 y 31,32 millones de euros por un material, 2,3 millones de toneladas de escollera, que no se llegó a utilizar para la obra. El puerto, bajo la presidencia de Joaquim Tosas, adjudicó en septiembre de 2001 la ampliación del dique Este a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Construcciones Rubau y Copisa Constructora Pirenaica, por un montante total de 197,28 millones de euros y un plazo de ejecución de 82 meses. El 53 por ciento de la inversión corrió a cargo de fondos comunitarios.
La obra concluyó a finales de 2008. Según un dictamen elaborado por la Abogacía del Estado a instancias de la Autoridad Portuaria de Barcelona, los hechos “pueden ser susceptibles de integrar ilícitos de tipo penal”. Este dictamen, al que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI, y una investigación realizada por la propia Autoridad Portuaria, han sido remitidos a la Fiscalía. Se podrían haber cometido los delitos de “falsificación de documento público, fraude, malversación y estafa”. Fraude “constituido por la conducta de alguna autoridad o funcionario público” del puerto que, por su cargo, habría participado en la contratación pública o en la liquidación de la obra con el objetivo de “defraudar”. Malversación también de algún funcionario o responsable de la Autoridad Portuaria de Barcelona que, “con ánimo de lucro, sustrajese o consintiese que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones”.
Las obras del dique Este se desarrollaron con tres presidentes al frente de la Autoridad Portuaria: Joaquim Tosas, hasta 2004, que fue relevado por Joaquim Coello y el actual responsable, Jordi Valls, que accedió al cargo en diciembre de 2006. Durante todo el periodo que duró la construcción, ha sido director de la Autoridad Portuaria Josep Oriol, que fue sustituido por José Alberto Carbonell en enero de 2009. En cuanto a los directores de la obra, han pasado varios, entre ellos, Xavier Martí y Rafael Escutia, que ya no trabajan en la instalación. En los delitos de falsificación de documento público y estafa también podría estar implicada la citada UTE que se adjudció la obra y/o una subcontratada por ésta para el suministro de la escollera.
El dictamen apunta que una empresa, Coterras, se pudo beneficiar de la falta de control de las obras. Esta empresa, constituida en 2002 y con sede en Barcelona, fue subcontratada por la UTE para el suministro de escollera. Independientemente de que investigaciones posteriores deriven o no en causa penal, “no cabe duda de que se ha producido un incumplimiento grave por parte de la UTE adjudicataria del contrato y, muy posiblemente, por parte de alguna de las empresas de asistencia técnica y control de la obra”, señala el dictamen de la Abogacía. La Autoridad Portuaria de Barcelona adjudicó la asistencia técnica a la dirección de las obras de la ampliación del dique a la UTE formada por Sener, Intecasa e Intemac. El control de la calidad de las obras se adjudicó a la UTE integrada por Paymacotas e Intecasa. Además de “las graves deficiencias que afectaban a los informes de las sociedades
El puerto pagó a las constructoras más de 100.000 camiones de piedras inexistentes y escombros a precio de escollera
Según el dictamen elaborado por la Abogacía del Estado, la Autoridad Portuaria presuntamente pagó 2,3 millones de toneladas más de escollera de las utilizadas para construir la obra de abrigo, el equivalente a más de 100.000 camiones cargados de piedras. El precio de la escollera oscila entre los 7,62 y los 13,62 euros por tonelada, según indica el informe de la Abogacía, con lo que el fraude oscilaría entre los 17,52 y los 31,32 millones de euros.
La Agencia Tributaria detectó la falta de concordancia entre las toneladas de escollera que la UTE declaró como obra ejecutada para la Autoridad Portuaria y el listado de camiones pesados en báscula que sirve, a su vez, a las constructoras para pagar a sus proveedores del material. “Una parte de los camiones que transportaron el material para el dique no fueron objeto de pesaje para su control. Parece que una empresa, Coterras, se benefició de esta falta de control”, señala el dictamen. La cantidad de escollera aportada por los camiones se inflaba “falseando los datos”. Se engrosaban “unas 50.000 toneladas por certificación de obra” al mes.
En otras palabras, se inventaron más de 100.000 camiones cargados de piedras. No solo eso, la UTE facturó como escollera lo que eran escombros que, a diferencia del primer material, no supuso ningún coste para las constructoras. Además, cobró al puerto unos elementos auxiliares (explanadas temporales utilizadas para fabricar los bloques de hormigón destinados a la ampliación del dique) que deberían haber asumido las constructoras.
La UTE ha reconocido que facturó al puerto como escollera lo que eran escombros que utilizó para construir las explanadas auxiliares. A la adjudicataria no solo le salieron gratis los escombros, parece ser que cobró a una empresa por permitir verter en las explanadas esos desechos.
encargadas del control y seguimiento técnico y que dan una explicación plausible al fallo en los mecanismos de control”, el dictamen de la Abogacía apunta a que hay “indicios de la participación de distintas personas en la realización de las irregularidades”. La Autoridad Portuaria acordó una liquidación provisional de la obra y su pago, aunque el mismo fue finalmente suspendido, en diciembre de 2008 “por una cantidad de dinero muy superior a la que hubiera correspondido pagar de ajustarse la obra a las prescripciones establecidas en el proyecto”. La Autoridad Portuaria baraja declarar nula la liquidación y negocia con la UTE la devolución del sobrecoste que ha pagado.
La Abogacía de Estado insta al puerto a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los hechos investigados para que se determine si hay o no delito. La portavoz del puerto ha asegurado que “una cosa es la investigación de la Fiscalía y otra que el puerto cree que ha pagado de más por unas obras que ya estaban incluidas en la adjudicación. Estamos negociando la liquidación de las obras y se están haciendo las comprobaciones jurídico-técnicas”.
Respecto a recurrir a la vía judicial, la misma portavoz aseguró que “estamos negociando, de no llegar a un acuerdo, ya se verá”. FCC y Construcciones Rubau, integrantes de la UTE que hicieron las obras, declinaron pronunciarse. La UTE encargada del control de las mismas señaló que “estamos ayudando a la Fiscalía”. La investigación se inició a instancias de la Agencia Tributaria que detectó, cotejando liquidaciones de IVA, que la facturación por el suministro de escollera que la UTE de constructoras cobró al puerto no se correspondía con lo que la adjudicataria pagó a sus proveedores de este material.
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