Economía observa “indicios racionales” de la existencia de un cártel en el puerto de Bilbao

Competencia abre un expediente sancionador contra el sindicato Sintrabi y 25 empresas de transporte por un “posible reparto de mercado y fijación de precios” en la dársena.

Economía observa “indicios racionales” de la existencia de un cártel camionero en el puerto de Bilbao. La Comisión Nacional de la Competencia abre expediente sancionador contra el sindicato de transportistas Sintrabi y 25 empresas de transporte por un “posible reparto de mercado y fijación de precios” en la dársena vasca

Economía, que sigue muy de cerca la problemática del transporte por carretera vinculado al ámbito portuario, ve “indicios racionales” de la existencia de prácticas restrictivas a la libre competencia en el puerto de Bilbao. La Comisión Nacional de la Competencia, tras casi dos años de investigación reservada, ha abierto expediente sancionador contra el sindicato de transportistas autónomos Sintrabi y 25 empresas de transporte (ver cuadro adjunto), en relación con un “posible reparto de mercado y fijación de precios” en la dársena vasca. Por su parte, los máximos responsables de Sintrabi se han mostrado “tranquilos”, ya que “no existe ningún tipo de conducta delictiva”.

La secretaria técnica del sindicato, Amaia Martínez, recordó que la Audiencia Nacional archivó en 2008 la causa abierta dos años antes contra Sintrabi y empresarios del puerto de Bilbao por presuntas “prácticas delictivas, por lo que no descartó que la Comisión Nacional de Competencia también archive el expediente abierto a medida que avance la instrucción por falta de pruebas.

No obstante, como ya adelantó este periódico, expertos en Defensa de la Competencia creen que hay “indicios más que suficientes” para llevar a cabo una investigación contra el sindicato de transportistas por su presunta implicación en el cártel camionero del puerto de Bilbao. El detonante de la apertura de este nuevo expediente fue el sorteo de diez plazas de contenedor para poder operar en el puerto de Bilbao realizado por Sintrabi en noviembre de 2007, así como una recomendación a sus asociados para incrementar los precios.

Esta especie de ‘licencias’, necesarias para desempeñar servicios de transporte en los muelles, un sistema que funciona desde hace 16 años en la dársena y que constituye el principal escollo para poner fin al cártel camionero, ha dado lugar a un mercado negro de compra-venta de plazas, por las que algunos transportistas han llegado a pagar más de 85.000 euros. Tras un período de información reservada para la determinación del ámbito de afectación de las conductas mencionadas, se consideró que la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia era el órgano competente para investigar el sorteo de licencias, mientras que el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia se quedó con el caso de la recomendación colectiva de subida de precios.

Posteriormente, la Audiencia Nacional, que instruyó el proceso penal contra dirigentes del sindicato Sintrabi y empresarios del puerto de Bilbao, dictó en agosto de 2008 un auto que recogía que quedaba “acreditado que Sintrabi y otros (…) han participado en prácticas restrictivas de la competencia”, similares a las ya analizadas por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia en 2001, que impuso al sindicato una multa de 1,26 millones, una sanción recurrida en los tribunales y que no se ha abonado. El auto del juez Eloy Velasco indicaba, a su vez, que debía remitirse a la Comisión Nacional de la Competencia “testimonio de determinados documentos obrantes en las diligencias previas” tramitadas ante dicho órgano judicial.

Como ya adelantó este periódico, una vez analizada esta documentación, la Dirección de Investigación dedujo una posible vinculación entre la fijación de precios y el sorteo de licencias por parte de Sintrabi, por lo que solicitó al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia el traspaso de la investigación abierta por la recomendación colectiva de precios realizada por el sindicato a sus afiliados.

Competencia señaló, en este sentido, que “ambas conductas se encuentran estrechamente relacionadas habida cuenta de que la limitación de acceso al puerto está originada no sólo con el fin de controlar la actividad de transporte dentro de la dársena, sino también para hacer efectiva la aplicación de tarifas recomendadas por Sintrabi”. A partir de ahora, se abre un período máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte del Consejo de este órgano regulador, que preside Luis Berenguer.