El negocio del transporte de mercancías por carretera se ha desayunado estos últimos días con el anuncio del Gobierno de Zapatero de imponer un tasa verde sobre el combustible para penalizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2). De la ecotasa sólo se sabe que será similar a la que el presidente Sarkozy impondrá en Francia en 2010, aunque no podemos soslayar las diferencias con nuestro vecino, un país de tránsito donde las energías exentas de CO2 están muy extendidas.
El anuncio de Zapatero ha inquietado mucho a las empresas y autónomos, que intuyen un aumento de su fiscalidad por parte del Ejecutivo, que necesita recaudar 30.000 millones para hacer cuadrar las cuentas públicas de 2010, todo ello en plena crisis de actividad, como lo demuestra el hecho de que de las 65 empresas del sector del transporte y la logística que se han declarado insolventes este año, 57 corresponden a la carretera.
En un principio, con la imposición de la ecotasa, el Gobierno de Zapatero parece olvidar los acuerdos que firmó con el sector en junio de 2008, donde se comprometió a defender un umbral de fiscalidad de los carburantes que permita mantener la competitividad del transporte por carretera. En base a estos acuerdos, el aumento de la fiscalidad sólo podría salir adelante si fuera una imposición de Bruselas, que tarde o temprano llegará, pero que aún no es el caso.
Tan preocupante como el probable aumento de la fiscalidad del transporte a través de la ecotasa, que quedará recogida en la futura Ley de Economía Sostenible, es que el sector no tendría significativas contraprestaciones por el nuevo impuesto.
La citada ley deja claro que todos los esfuerzos económicos se destinarán a potenciar el ferrocarril para carga y el transporte intermodal, lo que está muy bien, aunque queda por saber si detrás de estas inversiones hay una política con mayúsculas en la materia. De partida, se repite el error de siempre: penalizar a un modo para que crezca otro.
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