Fomento afirma que desarrolla una política igualitaria y de alianzas entre dársenas al tiempo que aborda de forma distinta los problemas de financiación de Gijón y A Coruña.
La notable progresión del poder local del Partido Popular tras las últimas elecciones municipales y autonómicas y la política “frívola” de Puertos del Estado, llevada a cabo en el último año por su presidente Fernando González Laxe predicando hipotéticas fusiones y alianzas entre enclaves, han roto en pedazos el ‘pacto portuario’
El fuerte aumento del poder local del Partido Popular tras las últimas elecciones municipales y autonómicas han roto en pedazos el ‘pacto’ suscrito entre el principal grupo de la oposición y el Gobierno de Zapatero, uno de los pocos consensos económicos de esta legislatura. Al tiempo, la “frívola y confusa” política de Fernando González Laxe al frente de Puertos del Estado, predicando aventuradas fusiones y alianzas entre dársenas vino a ser la gota que desató la ruptura del consenso portuario entre gobierno y oposición.
La primera reacción ya se hizo notar claramente en la lentitud con la que está abordando Puertos del Estado la financiación de la ampliación de A Coruña, mientras el dirigente socialista agilizó en días el crédito de 215 millones de euros para el puerto de Gijón. El préstamo para el enclave gallego sigue sin aclararse, quizás porque está en manos populares. El pasado 1 de junio, el portavoz en la comisión de Fomento del Grupo Popular, Andrés Ayala, acusaba a Laxe, de actuar con “deslealtad institucional” al haber sugerido en un rotativo económico que las autoridades portuarias se iban a reducir de 28 a 11 por un proceso de reestructuración e integración, creando empresas públicas más rentables.
Para el diputado popular, las afirmaciones de Laxe son un “capricho intelectual” y suponen “la ruptura unilateral de los acuerdos hasta ahora adoptados” entre los dos principales partidos mayoritarios. Ayala afirmaba que “el PP ni ha sido consultado, ni comparte la opinión de Puertos del Estado”, matizando que “es un auténtico disparate plantearse ahora la división de los puertos en tres tipos de compartimentos estanco (energía, exportaciones y transbordo), por cuanto la situación geoestratégica de España y la versatilidad establecida en la Ley de Puertos propicia que los puertos puedan ir consiguiendo cuotas de mercado eficientes y rentables de acuerdo con una demanda que exige flexibilidad”.
El diputado murciano explicaba, en un tenso comunicado, que las veintiocho autoridades portuarias que conforman el sistema portuario “responden a una tradición que forma parte de la vertebración y la cohesión territorial de España”, afirmando que “es muy frívolo que se especule sobre cuál será su futuro desde un análisis improvisado y en una coyuntura que evidentemente no es la mejor para hacer unos planteamientos a medio o largo plazo”. El comunicado del parlamentario popular finalizaba de forma tajante, afirmando que la política de Laxe “es una demostración más de que el Gobierno va a la deriva y que desde dentro de Puertos del Estado están marcando una política contraria a la defendida por el ministro Blanco”.
SINÓNIMOS PARA LA CONFUSIÓN
“Puertos del Estado no tiene diseñado un plan para impulsar un proceso de concentración portuaria y, mucho menos, reducir el número de autoridades portuarias de 28 a 11”, afirmaba el organismo público en una nota de respuesta al PP llena de sinónimos que evitan el término ‘fusión’, indicando eso sí que “apuesta por alianzas entre puertos para fomentar su competitividad”, llegando a señalar que “la apuesta está orientada a la coordinación de la gestión para aprovechar sinergias entre autoridades portuarias que están llamadas a entenderse por su proximidad” y, por último, que “Puertos del Estado también apuesta por alianzas puntuales en función de intereses estratégicos de las propias autoridades portuarias, que deberán consolidarse a futuro con el fin de fomentar su competitividad en un entorno globalizado”.
Laxe quiere homogeneizar las bonificaciones y las autoridades portuarias le responden que “está intentando pervertir la Ley”
Puertos del Estado está intentando implantar una homogeneización de las bonificaciones y coeficientes reductores de las tasas portuarias en la negociación que lleva a cabo de los planes de empresa para 2012 de las diferentes autoridades portuarias, según ha podido confirmar TRANSPORTE XXI en fuentes solventes. El organismo, que preside Fernando G. Laxe, intenta dar ‘marcha atrás’ en la legislación y fijar bonificaciones similares, incluso estableciendo coeficientes reductores a las tasas portuarias idénticos entre dársenas próximas.
Laxe “quiere dar cumplimiento a la ‘exigencia’ de algunas autoridades portuarias que ven peligrar varios de sus tráficos históricos por un aumento de la competencia, algo que va contra el propio espíritu de la Ley”, señalan estos medios. Hace unas semanas Laxe calificaba el incidente tarifario ocurrido entre los puertos de Cádiz y Huelva y la naviera Armas, como una “novatada”. Situación que, al parecer, quiere impedir en 2012.
La excusa que ha dado Puertos del Estado a varias autoridades portuarias ha sido que “Hacienda obliga, ya que hay que justificar por qué se hacen las bonificaciones”, señalan fuentes solventes, que argumentan que “es absolutamente falso que existan unas hipotéticas instrucciones de Hacienda, que no tiene competencia sobre estos temas”. Responsables de la negociación de los planes de empresa de varias autoridades portuarias consultados por TRANSPORTE XXI han confirmado las intenciones de Puertos del Estado, afirmando que “Laxe lo ha intentado, pero no nos puede obligar”, matizando que “si quiere ahora homogeneizar bonificaciones que cambie la Ley, porque lo que dice la norma no es eso.
Está intentando pervertir la Ley de Puertos”. Por su parte, desde el Partido Popular se afirma que “estos intentos desesperados de Laxe son muestra de su nerviosimo por la pérdida de poder territorial y su falta de capacidad”. Desde las filas populares se afirma que “nuestro modelo portuario es la competencia, queremos que todos los puertos españoles compitan entre sí”, matizando que “si un puerto le puede robar un tráfico a otro porque ofrece mejores condiciones, pues que se lo robe.
Nuestro discurso es la eficiencia”. Por último, fuentes empresariales advierten que “los puertos deben pensar en ser más eficaces y reducir sus costes y no ir a Madrid a llorar para que impidan a sus competidores bajar las tasas”.
Flexibilidad y límites
La política de tasas establecida en la Ley de Puertos tiende a la flexibilidad dentro de un equilibrio económico que quiere poder mantener la autosuficiencia.
La Ley establece coeficientes correctores en los que no se debe superar el límite máximo de 1,30 para evitar prácticas inflacionarias, dejando su fijación a la rentabilidad anual del ejercicio inmediatamente anterior al plan de empresa. Para evitar una excesiva dispersión la diferencia entre coeficientes no puede ser menor a 0,30. A estos coeficientes se unen bonificaciones a los tráficos estratégicos.
Los límites fijados tienden a moderar las tasas de los puertos rentables y evitar la competencia desleal de los muy rentables, dentro del objetivo de rentabilidad anual del sistema fijado en el 2,5%.
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