El transporte por carretera se enfrenta a una crisis creciente que pone en jaque la estabilidad del sector
¿Podríamos depender sólo del avión, del tren y del barco para garantizar el flujo de mercancías? La respuesta es sencilla: no. El mundo, tal y como lo conocemos hoy, no funcionaría sin camiones. Creo que puede afirmarse que no hay cadena logística que no utilice en algún momento la carretera para completarse. El transporte profesional está acostumbrado a lidiar, casi de forma permanente, con multitud de desafíos y dificultades, pero en los últimos años estamos asistiendo a un rosario de exigencias y trabas que está empezando a pasar factura a muchas empresas.
¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, las principales “zancadillas” que las empresas transportistas de nuestro país sufren en su camino? Fundamentalmente la subida de costes, los precios en retroceso y la avalancha regulatoria que lo asfixia -sin olvidar, por supuesto, las enormes dificultades para captar personal que les permita crecer, no sólo conductores, aunque obviamente se centre en esa labor la mayor preocupación-. Miremos, por ejemplo, algunas cifras muy elocuentes: según el último Observatorio de Costes, operar un camión articulado de carga general costaba a finales del año pasado casi 159.000 euros anuales, un 2,5% más que en enero de 2024 y un 2,5% más que en el trimestre anterior (31 de octubre de 2024). Si su recorrido anual difícilmente excede los 140.000 kilómetros, obtenemos como costo de funcionamiento para esa tipología 1,14 euros/kilómetro como mínimo, es decir, casi un 6% más que a mediados de 2023.El coste se eleva hasta los cerca de 225.700 euros en el caso del transporte internacional, un 1,7% más que hace un año.
Si bien la estrechez de los márgenes empresariales es, sin duda, un freno al crecimiento, no lo es menos, como señalaba antes, la exuberante actividad regulatoria que acaba desencadenando una paralizante inseguridad jurídica entre los actores del mercado. Hace más de diez años, la UE adoptó el principio de Better Regulation para mejorar su legislación y políticas europeas. Este objetivo, que busca “legislar menos y mejor”, no se ha cumplido ni en Bruselas ni en nuestro país y este exceso de normativas, algunas aprobadas sin las garantías necesarias, afecta negativamente a las empresas, que requieren un marco regulatorio estable para poder planificar a medio y largo plazo. Las compañías, especialmente las grandes, enfrentan una creciente carga regulatoria, que incluye normativas sobre medio ambiente, igualdad, fiscalidad, responsabilidad social corporativa y ciberseguridad, entre otras.
El sector del transporte por carretera es uno de los más afectados, especialmente en el ámbito medioambiental, con regulaciones europeas como el Paquete Fit for 55, que establece objetivos muy ambiciosos para la reducción de emisiones. Políticas extremadamente difíciles de implementar debido a la realidad tecnológica actual de las empresas.
El transporte por carretera se enfrenta a una crisis creciente que pone en jaque la estabilidad del sector. La solución no es sencilla, pero sí posible. Parece que hay que repensar el modelo de negocio, apostando por un enfoque basado en la colaboración, la transparencia y la ética. Muchos ya están innovando en esta dirección, pero será necesario un compromiso colectivo para garantizar un futuro más sostenible -social, ambiental y económicamente- para todos.
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Ramón Valdivia
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