Operadores aseguran que el escándalo de los sobrecostes de la expansión, en la mira de Europa, frenará la llegada de inversores.
El caso de los sobrecostes de la ampliación del puerto de Gijón, bajo la lupa de Europa, nuevo escollo en el proceso de privatización de la terminal granelera Ebhi, que sigue atascado. Operadores afirman que la incertidumbre sobre el futuro de la dársena, que mantiene préstamos por más de 470 millones, frenará la llegada de inversores
El proceso de privatización de la terminal granelera Ebhi, cuyo accionista de referencia es la Autoridad Portuaria de Gijón con el 68,8 por ciento de las acciones, continúa atascado. Fomento tiene ya encima de la mesa los pliegos de condiciones elaborados por el organismo portuario que preside Rosa Aza para la venta de la ‘joya de la corona’ del puerto, que suma más del 65 por ciento del tráfico total. El proceso, sin embargo, no termina de arrancar y sigue en la casilla de salida dos años después, pese al mandato del Ejecutivo de Rajoy, que incluyó a la semipública en el plan de desinversiones aprobado en marzo de 2012 para reducir el déficit.
La operación “está en valoración”. Así lo confirmaron a TRANSPORTE XXI fuentes del ente público Puertos del Estado, que declinaron dar más detalles del proceso, plagado de obstáculos desde su inicio. La última piedra en el camino de la privatización de Ebhi es el caso de los sobrecostes de la ampliación del puerto, una obra cuestionada por Europa, que ha detectado irregularidades tanto en la adjudicación de las obras como en la aportación de algunos registros contables, y que también está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. La presidenta del puerto de Gijón, Rosa Aza, ha intentado transmitir tranquilidad ante el riesgo de perder las ayudas europeas, que ascienden a cerca de 250 millones (198 ya concedidos y 49,5 aún pendientes).
En todo caso, defendió que el problema supera el ámbito de actuación de la Autoridad Portuaria. “Estamos ante una cuestión de Estado”, señaló la presidenta del organismo portuario. Por el contrario, las empresas del sector portuario, que temen que la devolución de los fondos lastre la competitividad de la dársena, al acabar repercutiendo en las tasas, no lo tienen tan claro y creen que salpicará al proceso de privatización. “La incertidumbre sobre el futuro del puerto de Gijón -que mantiene préstamos por valor de más de 470 millones- frenará el desembarco de grupos inversores, así como la captación de nuevos tráficos”, aseguraron empresarios consultados por este periódico.
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