Enric Ticó. Presidente de Feteia Antonio Llobet. Presidente del Consejo Gral. Agentes Aduanas Óscar Fraile. Presidente de Aeci
Nos encontramos ante un hecho sin precedentes: un ataque directo a las empresas españolas de la representación aduanera. En efecto, la autoridad aduanera española, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pretende limitar la actividad mercantil de los transitarios, agentes de aduanas y representantes aduaneros mediante modificaciones legislativas insólitas y únicas en Europa. Un desaguisado sin precedentes que será anulado por la Unión Europea, pero que antes habrá hundido en la miseria al sistema portuario y aeroportuario y el comercio exterior del Estado.
El Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude prevé unas trascendentales modificaciones de la Ley General Tributaria y del Impuesto sobre el Valor Añadido, referidas a la actividad aduanera que prestan los Transitarios, Agentes de aduanas y Representantes aduaneros a las empresas importadoras y exportadoras de nuestro país, endureciendo sin justificación alguna el ejercicio empresarial del Sector al hacerles responsables solidarios de la deuda aduanera y tributaria de las operaciones de comercio exterior de sus clientes cuando gestionan las formalidades de sus mercancías con origen-destino a, o desde terceros países ante las Aduanas. De llegar a aprobarse dicho proyecto, se produciría una clara desventaja empresarial con respecto a nuestros colegas europeos y un agravio comparativo con el nivel de responsabilidad exigido a otros profesionales, que actúan en nuestro país mediante representación voluntaria de sus clientes ante la Agencia Tributaria, como Abogados, Asesores Fiscales o Gestores Administrativos, graduados sociales y demás colaboradores sociales de la AEAT.
A nuestro colectivo, dicho Anteproyecto de Ley le exige una responsabilidad inusual, inédita, desmedida y arbitraria, toda vez que se debería legislar, precisamente en sentido opuesto y por motivos obvios dejando como único responsable de la deuda tributaria, como no puede ser de otra forma, a los importadores-exportadores por la compra o venta de sus mercancías en terceros países.
Siguiendo con el objetivo errado de la Aduana Española de endurecer la actividad aduanera, señalamos entre otras particularidades importantes las siguientes modificaciones recogidas en el Anteproyecto de Ley:
El proyecto contraviene lo establecido en el Reglamento (UE) 952/2013 por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (CAU), al pretender regular en una normativa nacional el pago de la deuda aduanera de las importaciones, materia reservada a la Comisión de la Unión Europea por el propio Reglamento.
Un proyecto, por tanto, alejado de las políticas de la Unión Europea, y que dejaría fuera del mercado a nuestras empresas.
El Anteproyecto de Ley establece que el Representante Aduanero queda obligado al pago de la deuda aduanera y tributaria de las mercancías de sus clientes, los importadores. Además, plantea un incremento del 500 por ciento de las sanciones actuales cuando se presenten documentos relacionados con las formalidades aduaneras con algún pequeño error que, por cierto, no supone perjuicio económico alguno para la Agencia Tributaria, olvidándose por completo del principio de proporcionalidad que entendemos debería imperar en todas las sanciones administrativas, a no ser que los objetivos que se persiguen sean otros. Un dato significativo es que por nuestras manos pasan unos 14 millones de declaraciones aduaneras (DUA) por año: un 1 por ciento de dichas declaraciones pueden contener algún error (errores, insistimos sin ninguna trascendencia fiscal ni económica). ¡Ello podría suponer un perjuicio para las empresas que realizamos despachos aduaneros de más de 84 millones de euros anuales!. Ante dichas modificaciones normativas, nos atrevemos a pensar que, de aplicarse la Ley, la mayor parte de la gestión aduanera se deslocalizaría a otros países de la UE (que no contemplan este atropello), con la pérdida de unos 50.000 puestos de trabajo directos y unos 100.000 indirectos.
También los efectos y perjuicios inmediatos de estas modificaciones normativas supondrán el masivo desvío de presentaciones de las declaraciones de comercio exterior a otros países de la Unión Aduanera cuando los sistemas informáticos lo permitan y afectando a los tráficos de los puertos y aeropuertos de nuestro entorno y como hemos indicado la consiguiente pérdida importantísima de puestos de trabajo en el sector y un encarecimiento de los servicios aduaneros para las empresas importadoras y exportadoras españolas.
Por todo ello, confiamos en la prudencia y buen hacer de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados para dejar sin efecto las modificaciones legislativas pretendidas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, que ha actuado de manera extrañamente secretista.
Este hecho es incomprensible, ya que siempre, siempre, siempre hemos colaborado con la Administración para conseguir una Aduana más ágil, eficiente y competitiva, frente al resto de aduanas de la UE.
Confiamos pues que el Congreso restablezca el sentido común, por el bien de la economía productiva y de las empresas del sector.
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