PSOE y Partido Popular han confirmado un acuerdo parlamentario para la reforma del proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Zapatero en el Congreso de los Diputados. El pacto de Estado será posible, seis años después de la puesta en marcha de la Ley de Puertos de 2003.
Como avanzó en exclusiva TRANSPORTE XXI en su pasada edición, el acuerdo suscrito entre socialistas y populares tiene su base en el establecimiento de un modelo de gestión único en la estiba a través de sociedades mercantiles privadas, lo que conlleva la retirada del recurso de inconstitucionalidad a la Ley 48/2003.
Las autoridades portuarias no serán accionistas y tendrán únicamente capacidad de supervisión para evitar distorsiones que afecten a la leal competencia entre prestadores de servicio. El acuerdo, que va a ser articulado a través de enmiendas parciales pactadas entre ambos grupos, modificará sustancialmente el proyecto de Ley en lo relativo a la prestación de servicios portuarios manteniendo un sistema de libre acceso con los mecanismos de control precisos para evitar situaciones de posición dominante.
En el aspecto tarifario, como también adelantó este periódico, la futura Ley mantendrá una estructura única para las tasas con bonificaciones regladas y un coeficiente corrector para cada puerto, de carácter potestativo.
El objetivo del nuevo sistema es garantizar la autosuficiencia económica, la leal competencia entre puertos y el menor coste para el usuario. Aunque la redacción detallada del capítulo de tasas y bonificaciones aún está por ultimar, la futura Ley establecerá un régimen especial de coeficientes reductores para potenciar la intermodalidad, los tráficos con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, asi como para los puertos extracomunitarios y de tránsito.
Todo indica que el pacto entre PSOE y PP es positivo, mejora considerablemente el marco actual y puede convertirse en una Ley de futuro. Esperemos que sea otro gran paso hacia la ansiada liberalización.
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