Nos consolaremos con la mayor sencillez de aplicación de los requisitos burocráticos
Cuando estas líneas vean la luz, faltarán pocas horas para que entre en vigor en toda la UE la aplicación especial de la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores para el transporte por carretera. La famosa lex specialis con la que Bruselas pretendía enmendar el desaguisado producido sobre empresas y conductores a los que, al atravesar varias fronteras en su labor diaria, se les aplicaba una regulación diseñada para profesiones menos móviles ligadas a fabricación, construcción o agricultura. Fue seguramente el mayor escollo a la hora de poner en pie el llamado “Mobility Package” lanzado en 2016 por la entonces Comisaria de Transporte, Violeta Bulc.
A pesar de tantas idas y venidas al Parlamento Europeo de dicho paquete legislativo (aprobado en su conjunto hace escasamente año y medio) ciertamente se trata de un corsé en el que difícilmente encaja el cuerpo del transporte por carretera internacional, plagado de casuísticas de todo cariz y que abarca casi 30 países y más de cien fronteras, además de varias decenas de modelos empresariales, especialidades, regímenes fiscales, convenios laborales y un sinfín de posibles modalidades de relación en las cadenas de suministro y distribución.
Lamentablemente, incluso ahora mismo, subsisten aún numerosas dudas y se da la circunstancia, para más INRI, de que ni siquiera la transposición de la directiva a las leyes nacionales de los Estados va a ser ni simultánea -en España por ejemplo, vamos con retraso- ni del todo homogénea.
Al menos, nos consolaremos con la mayor sencillez de aplicación de los requisitos burocráticos y con que una Agencia Laboral Europea (ELA) estará ojo avizor para asegurar que sigan todos enfocados hacia los objetivos últimos perseguidos, a saber, tratar de equilibrar el terreno competitivo de las empresas que operan bajo tan diferentes marcos de costes fiscales, salariales y sociales. El tiempo dirá.
Ramón Valdivia
rvaldivia@astic.net