Las decenas de papeles que revisa estos días en su despacho Fernando Palao sobre cómo será y a quién afectará la propuesta revisionista de la Ley de Puertos fueron maquinados y concluidos en los primeros días de agosto en Puertos del Estado entre el presidente Mariano Navas y Santiago Díaz, director de recursos humanos del organismo público. Han remendado su trabajo original.
Esos folios, que no han sido consensuados con nadie, ya están en Fomento para remitirlos a Presidencia e intentar calmar la inexistente conciencia liberalizadora de Zapatero por los servicios portuarios.
Se anuncia para el 17 de octubre un concilio abierto de presidentes de autoridades portuarias para conocer algunos detalles del borrador, que, ya se dice, no será repartido, con lo que el sector deberá esperar a tener el texto cuando el mismo llegue al Parlamento en el momento más oportuno.
Pero necesitan el aval de un minoritario, por aquello de la mayoría. Se ha optado por la vía directa, por la equivocación, por dejar de lado al que se considera desleal y por no apoyar la Ley en el centro del sector, en las empresas de Anave y Anesco, y en las autoridades portuarias, a las que se deja fuera. Incluso al PSOE. ¿Una reforma con secretos? No.
Es una reforma innecesaria, de política del pasado, salvo en las tasas. Aunque, ¿quién asegura que no serán recurridas? Nadie. Pero, ¿el borrador apostará por bajarlas? No. Este esperpento de reforma portuaria agota al sector, ya no ofrece ni compasión.
Tras cuatro años perdidos, si la única reforma son subir las tasas, mantener las sociedades estatales y una mínima autoprestación, apaga y vámonos.
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